La iniciativa, que tuvo como gestor al presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, no es para quien se ‘cuelgue’ en el pago del celular, “es para personas que realmente lo necesitan y que demuestren voluntad de pago”.
Al acogerse a la figura de la insolvencia contarán con un segundo respiro antes de ser embargadas o desalojadas: tendrán un plazo de 90 días para renegociar sus deudas, explicó Gaviria.
De otra parte, precisó que “una persona que esté atrasada en sus deudas se puede declarar en insolvencia ante un centro de conciliación. Luego de ello, a la persona se le suspende el cobro de intereses y los procesos judiciales en su contra”, explicó Gaviria.
La ley contempla que quien tenga problemas económicos primero debe acceder a un acuerdo en los Centros de Conciliación que hay en todo el país. Allí se citará a los acreedores para buscar de un compromiso.
Si la negociación fracasa en la primera instancia, el proceso pasa a un acuerdo privado, donde las dos partes negocian y sellan el pacto con una notificación notarial. Si aun así el proceso fracasa, las autoridades decretan la liquidación patrimonial.
Esta ley, afirma el congresista, no es para jugar. “Quien engañe al Estado puede incurrir en una pena de hasta seis años”.
También aclaró: “Acá no vamos a promover la cultura del no pago. En este país en donde les damos segundas oportunidades a los guerrilleros, a los paramilitares, podemos brindarle la mano a quien tenga un tropiezo económico, sin tildarlo de criminal”.
Gaviria afirmó que esta es una segunda oportunidad para que quien tenga problemas económicos se libre de sus deudas, acceda a entregar sus bienes y de la misma manera quede totalmente limpio ante la justicia.
