Luego de que se certificara la disponibilidad presupuestal por parte del Distrito de $1.800 millones de pesos como contraparte para el proyecto de Playa Piloto en Marbella, se levantaron varias voces en contra del proyecto por, supuestamente, no tener en cuenta a las comunidades que dependen de la actividad pesquera, así como a los vendedores ambulantes que trabajan en la zona. (Lea también Playa modelo debe conocerse antes de firmarse, dicen concejales)
El concejal Antonio Salim Guerra, de Cambio Radical, dijo que no comprendía “cómo hay una disponibilidad presupuestal cuando los pescadores no han sido consultados”. Seguidamente citó la sentencia T-348 del 15 de mayo de 2012, en la que la Corte Constitucional exhorta a las autoridades a garantizar a las comunidades que dependen la pesca los “espacios de concertación y no mera información y socialización, en los que se acuerden medidas de compensación acordes con un estudio cultural y con la naturaleza y las características de las comunidades que se dedican a la pesca como actividad tradicional y de sustento económico”.
Salim Guerra señaló, además, que está de acuerdo con que las playas no son competitivas y son desordenadas y que para lograr esa competitividad deben tener un uso adecuado pero que no se pueden “privatizar de forma excluyente”. Denunció que los pescadores fueron desplazados “casi de manera violenta” por el Consorcio Anillo Vial en la contrucción del túnel de Crespo y que ahora con la Playa Piloto nuevamente serían desplazados. A estas críticas, se sumó el concejal David Múnera, diciendo que también se afecta la comunidad porque “es una playa a donde va la gente pobre y se le quitará ese goce de los fines de semana. Hay muchas experiencias negativas donde particulares se han ido ocupando de un bien de uso público”.
A favor del proyecto
En defensa del proyecto, la directora de Valorización Distrital, Clara Calderón, explicó que en lo relacionado con la parte técnica, que es competencia de esa dependencia, no se necesita consulta previa con las comunidades porque no existen comunidades afro o indígenas aceptadas que estén viviendo en esa zona de playa.
En ese sentido, el representante de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Élkin Pérez, adujo que nunca ha sido la intención de ningún miembro de la Junta Directiva de esa entidad tener la administración de la Playa Piloto, solo de facilitar lo necesario para su desarrollo.
Andrés Betancourt, uno de los concejales que defiende el proyecto, asegura que es un proyecto conveniente y legal. “Es un proyecto que está en el Plan de Desarrollo Nacional, Distrital y financiado en un 80% con recursos del Gobierno Nacional. No voy a aceptar necedades política que atentan contra el desarrollo de la ciudad basadas en el desarrollo económico de nuestros raizales”.
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