El Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad, presentada en contra de algunas partes de los decretos que reglamentaron la implementación de la Ley de Justicia y Paz.
El alto tribunal dijo que la justicia restaurativa es parte de la justicia transicional, la cual incluye medidas de represión como de reconciliación. Sin embargo, las últimas no deben vulnerar el derechos legítimo que tienen las víctimas a la justicia y la reparación.
El Consejo de Estado desestimó las acusaciones hechas contra dicha ley, las cuales decían que contemplaba una justicia restaurativa real.
Asimismo, dijo que los artículos son muy claros cuando dicen que si una persona desea acogerse a la ley de Justicia y Paz (o ley 975 del 2005), también debe dar información real que ayude a esclarecer hechos delictivos o que lleven al desmantelamiento del grupo insurgente al que el individuo pertenecía.
Según el alto tribunal dichas determinaciones “no implican ni reducción de la pena, ni que las víctimas estén obligadas a reconciliarse con los victimarios".
