Por posibles irregularidades en las etapas precontractual y contractual de cinco procesos licitatorios la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Bolívar Jorge Luis Mendoza Diago,
Los hechos por los cuales se formuló pliego de cargos a Mendoza Diago datan de procesos licitatorios suscritos en el 2010 y en los que, el entonces gobernador, habría permitido que se incluyeran estipulaciones excluyentes como la visita obligatoria conjunta y asistir a ella con el documento de constitución del consorcio o unión temporal, el cual no podría ser modificado en la presentación de la propuesta, así como exigir como experiencia general y específica contratos celebrados con entidades territoriales u otras entidades públicas, constituyéndose en causales de rechazo de ésta.
El otro cargo atribuido a Mendoza Diago está relacionado con la suscripción de un contrato con la Cruz Roja por 900 millones de pesos para “aliviar la situación y necesidad de agua de la población de los municipios del departamento”. El contrato se habría suscrito mediante contratación directa, eludiendo el proceso de licitación que debía adelantarse en este caso teniendo en cuenta la cuantía del objeto a contratar, con lo cual se habrían desconocido los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad.
HABLA MENDOZA DIAGOEl ex gobernador Jorge Mendoza Diago contestó sobre el caso que, “a pesar de que no me notificaron oportunamente, al final me llegó el auto de imputación de cargos, lo que se dio en diciembre de 2013. Se trata apenas una formulación de cargos. Respondí y di mis descargos y explicaciones que no había tenido oportunidad de dar porque no me las habían pedido”.
Mendoza agregó:“También pedí la nulidad del proceso y no me la han respondido, porque fue un proceso disciplinario del cual no fui notificado personalmente; porque el debido proceso ordena que se debe notificar desde el auto de indagación preliminar, y conmigo no lo hicieron”.
El exfuncionario departamental, agregó que “una vez la Procuraduría resuelva la nulidad deberán tomar una decisión en primera instancia favorable o desfavorable a mí, desde luego prefiero que sea favorable, porque yo estoy completamente seguro que no he cometido ninguna irregularidad”.
“El Gobernador de Bolívar no es el que hace los pliegos, quien hace los pliegos es la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina Jurídica. La Procuraduría dice que se pusieron condiciones excluyentes porque se exigió que los proponentes fueran a una visita de obra, que era necesaria para que todos los proponentes potenciales se enteraran de las condiciones del sitio”, explicó.
Sobre el caso de la contratación de la Cruz Roja para que trasladara agua potable en carrotanques a municipios damnificados por el invierno del 2010 y 2011, Mendoza Diago dijo:“Se trataba de una calamidad pública, pero que no es identificada como tal, por eso había que hacer un contrato de emergencia, y se hizo con un organismo, serio, idóneo y de prestigio como es la Cruz Roja; ya que la ley prevé circunstancias especiales ”.
El caso para la definición en segunda instancia por parte del ente de control, debe superar la etapa de alegatos de conclusión.
OTROS INVESTIGADOSEl pliego de cargos también cobija a Santiago Carrasquilla Sotomayor, quien para la época de los hechos se desempeñó como secretario de Obras Públicas; Gregorio Rico Gómez, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico; y José Julián Vásquez Buelvas, en su calidad de director del Departamento Administrativo Jurídico.
Se cuestiona también la conducta del entonces secretario de Obras Públicas, Santiago Carrasquilla Sotomayor, y del director del Departamento Administrativo Jurídico, José Julián Vásquez Buelvas, por cuanto en los pliegos de condiciones de estas licitaciones públicas se incluyeron las cuestionadas condiciones excluyentes, lo que presuntamente configuró reglas injustas e ilegales con las que se desconocieron varios de los principios de la contratación estatal.
Se cuestiona también la participación del entonces director del Departamento Administrativo Jurídico, José Julián Vásquez Buelvas, en la etapa precontractual de este contrato celebrado con la Cruz Roja.
Finalmente, se investiga si en el marco de este contrato Gregorio Rico Gómez, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico e interventor de este contrato de asociación para esa época, habría incurrido en falta disciplinaria por cuanto al momento de liquidar el contrato no habría advertido un posible faltante de 80 millones de pesos que debía reembolsar el contratista.
