Este miércoles se retomaría la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los implicados en un supuesto caso de corrupción relacionado con un contrato por $7 mil millones, entre la Fundación Prociencia y el ICBF, para el suministro de alimentos a niños y madres lactantes y gestantes en Bolívar.
Por el caso está capturada la esposa del concejal Américo Mendoza, tesorera de la fundación, y los hijos de la pareja Iván y María Mendoza Pérez, proveedores de la misma a través de la empresa Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS, y de la empresa Logística Integral SAS. (Lea aquí: Investigan contrato irregular del ICBF por un valor de $8000 millones en Bolívar)
Además capturaron a la representante legal de Prociencia, en el año 2015, Patricia Arnedo Pombo, y a Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal actual. Todos se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia de imputación de cargos el domingo.
El PLATÓN
Entretanto, empleados de dicha fundación protagonizaron hoy un plantón pacífico en el barrio 20 de Julio, en apoyo a esa organización y a las personas detenidas por el presunto fraude. "Estamos apoyando a la fundación, podemos dar fe de que se han entregado los paquetes de alimentos, conozco a la familia, son personas honestas, trabajadoras y transparentes", afirmó Jania Muñoz Tous, coordinadora pedagógica en la fundación.
Los empleados manifestaron su preocupación ante la posibilidad de quedar sin trabajo ante los líos jurídicos que afronta Prociencia.
"Hasta nueva orden no sabemos cómo vamos a quedar, en qué va a terminar todo, este es un acto solidario de apoyo con la fundación. Estamos trabajando hasta el día que se nos finalice el contrato que es el 15 de diciembre", agregó Jania, afirmando que son al rededor de 100 las personas que quedarían sin empleo.
LO QUE SE INVESTIGA
El contrato firmado en el año 2014 tenía como propósito suministrar alimentos a más de 3.744 beneficiarios por un valor de $7.818 millones. La Fiscalía cree que hubo la presunta apropiación de 1.566 millones de pesos por parte de miembros de la Fundación Prociencia. Según el ente acusador, los alimentos y refrigerios nunca llegaron a los niños.
Adicionalmente, la Fiscalía dice tener pruebas que demuestran que existen irregularidades en la creación de las empresas de los hijos del concejal y que fungían como proveedores de alimentos del mismo contrato para la fundación Prociencia.
El juez que lleva el caso no aceptó una solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación sobre suspender a la Fundación, en una audiencia realizada el domingo.