En la noche de este jueves 13 de junio, el juez 12 Penal con Función de Control de Garantías otorgó la libertad a cinco personas implicadas en irregularidades en la celebración de un contrato celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la fundación Prociencia.
Se trata de Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera; Iván Camilo Mendoza Pérez, hijo de la tesorera de la fundación y proveedor; y María Camila Mendoza Pérez, hija de la tesorera de la fundación y proveedora. Cabe resaltar que estas personas son familiares del concejal Américo Mendoza.
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También quedó en libertad Patricia del Carmen Arnedo Pombo, representante legal de la fundación durante el 2015, y Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación.
Según detalló un asesor jurídico de la familia Mendoza a El Universal, los implicados, que se encontraban en casa por cárcel, quedaron libres por vencimiento de términos.
Sobre el caso
El proceso inició en diciembre de 2016 por las presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014, por valor de $7.818.524.064 suscrito por el ICBF y la fundación Prociencia, con el objeto de prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años, y madres gestantes y lactantes en 10 municipios de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
El ente acusador señaló que se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de $1.500 millones, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.