Hoy un juez de control de garantías citó al concejal Óscar Marín a una audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en el pago de la nómina en el Fondo Territorial de Pensiones (Fonpecar).
(Lea: La cita que hoy tiene un concejal de Cartagena con la justicia)
La investigación se relaciona con el pago de una pensión de jubilación a favor de Bertha Elena Tarón Arrieta, extrabajadora de las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena. El director de Fonpecar, en 2014 cuando se firmó la resolución, era el actual concejal Óscar Marín, del Partido Conservador.
Por consiguiente, el cabildante está imputado en el proceso al haber firmado la resolución 7300 del 23 de agosto del 2014, expedida por la dirección del Fonpecar. En dicha resolución se ordenó el pago de 88 millones de pesos por concepto de retroactivo pensional, de los cuales 78 millones fueron dirigidos a un cesionario de crédito.
El hallazgo de los presuntos délitos de Tarón Arrieta fue resultado de una investigación administrativa y posteriormente judicial que concluyó que hubo irregularidades en el beneficio de la pensión. Así las cosas, el juez de control de garantías escuchó el material probatorio de la Fiscalía en la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, a la que fueron citados el concejal Marín y la señora Bertha Tarón.
Los hechos
La denuncia, interpuesta el pasado mes de febrero ante la Fiscalía General de la Nación, vincula a Marín a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Hace unos meses, el alcalde Dau denunció al concejal, a Bertha Tarón, beneficiaria de la pensión, y a Jennifer Olascuaga y Boris Montalvo, en calidad de cesionarios de créditos beneficiarios de retroactivos pensional.
“Según las pruebas que tenemos, Marín otorgó una pensión de jubilación a la señora Bertha Tarón sin cumplir los requisitos. Es un señora que trabajó en las antiguas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena que cumplía los años trabajados para pensionarse pero no tenía la edad requerida. Esta tenía 36 años pero debía tener 45”, explicó el burgomaestre.
El burgomaestre manifestó que las irregularidades no acaban ahí. Los dineros retroactivos no se entregaron a Tarón, sino que, a través de una cesión de crédito, se los dieron a Jennifer Olascuaga y a Boris Montalvo.
William Dau indicó que al hacer los cálculos con el reconocimiento de la jubilación y los retroactivos se ha generado un detrimento al Distrito por más de 300 millones de pesos.
En contraste, el concejal Óscar Marín estableció que es inocente de lo señalado por Dau y que incluso recurrió a la justicia en su momento. “Invito a todos a que busquen en los archivos de El Universal del año 2013, cuando fungía como director del fondo, y se darán cuenta que fui yo quien denunció lo que él ahora denuncia”.