Veintiocho funcionarios del gabinete, algunos de sus subalternos y personajes del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro, están inmersos en investigaciones penales, ya sea mediante expedientes abiertos o indagaciones preliminares. Pese a que es un número alto, los procesos parecen estancados y el fiscal Francisco Barbosa ha pasado de las declaraciones mediáticas al mutismo.
Según fuentes judiciales, la lista incluye a tres ministros, la exjefa de gabinete, seis embajadores, el comisionado de Paz, dos familiares del Primer Mandatario, miembros de la Fuerza Pública y subordinados de dependencias oficiales. Lea también: Gustavo Bolívar y su polémica propuesta que molestó al petrismo
El caso que más ha golpeado la confianza en el Jefe de Estado es el de su hijo Nicolás Petro Burgos, diputado por la Asamblea de Atlántico. El primogénito, a quien su propio padre pidió investigar, está inmerso en una indagación de la Fiscalía por presunta financiación ilegal cuando acompañó la campaña presidencial del papá.
La principal testigo en contra es su exesposa Day Vásquez, quien reveló varias conversaciones en las que Nicolás, presuntamente, habría recibido $1.000 millones de Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), un antiguo narco extraditado, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, investigado por nexos con el crimen organizado.
Pese a los serios indicios, han transcurrido más de dos meses y la Fiscalía sigue en la etapa preliminar de la investigación, sin imputación de cargos. La actuación más reciente dentro del caso ocurrió la semana pasada, cuando el CTI inspeccionó la sede de la Asamblea, en Barranquilla, para recopilar evidencias por supuesto lavado de activos y financiación ilícita. Esa misma semana, la Corte Suprema le negó al diputado una recusación en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, a quien señalaba de no ofrecerle garantías procesales.
La aparente parsimonia del ente acusador también se ha visto en los hechos que involucran a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete, y a Armando Benedetti. Hay testigos, audios e interrogatorios, pero luego de un mes y medio de pesquisas y un equipo de fiscales designado para la investigación, todavía no deciden si archivar o pasar a las imputaciones. De la lista de personas cercanas a Petro con indagaciones y expedientes penales, los más destacados son, aparte de los antes mencionados: Iván Velásquez, Alfonso Prada, María Urrutia, Danilo Rueda, Juan Fernando Petro, León Fredy Muñoz, el coronel Carlos Feria, Temístocles Ortega y Camilo Romero.
A continuación, un panorama de los hechos que los salpican, el estado de la investigación y la defensa que han esgrimido hasta ahora.
León Fredy Muñoz y otros cinco embajadores investigados
Implicados: Seis embajadores de Colombia fueron designados en sus cargos con denuncias y procesos penales en curso: Temístocles Ortega (Chile), León Fredy Muñoz (Nicaragua), Mauricio Baquero (Panamá), Víctor de Currea (Emiratos Árabes), Camilo Romero (Argentina) y Armando Benedetti (Venezuela).
Hechos: A Temístocles Ortega la Fiscalía le expidió un escrito de acusación formal en febrero de 2023, por hechos ocurridos en el periodo en que fue gobernador de Cauca (2012-2015). Según el ente acusador, al parecer celebró un contrato, de forma irregular, para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay por $2.600 millones. El trato habría incluido estudios de suelos falsos, fallas en diseños y gestión de licencias. El caso está pendiente del juicio oral.
Feria de contratos en el corto Ministerio de María Isabel Urrutia
Implicada: María Isabel Urrutia Ocoró, exministra de Deportes.
Hechos: El 27 de febrero de 2023 el presidente Gustavo Petro anunció su primera barrida de gabinete y en una alocución televisada se despidió de los ministros de Educación, Cultura y Deportes. Según la investigación judicial, esta última aprovechó sus últimas horas al frente de la cartera para firmar 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Los beneficiarios, de forma inusual, renunciaron al mismo tiempo, alegando motivos personales, pero entre el 2 y el 6 de marzo fueron contratados nuevamente.
Danilo Rueda y las coimas de la “paz total”
Implicados: Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
Hechos: abogados y miembros de la mafia se quejaron porque, según ellos, le habían dado dinero a supuestos delegados del Gobierno para el proyecto de la “paz total” y al parecer los habían estafado. La información que circuló por los pasillos judiciales y pabellones carcelarios sugería que los narcos, extraditables y cabecillas de bandas estaban pagando, por intermedio de abogados, cifras que rondaban los $200 a $500 millones para que los nombraran facilitadores, voceros o gestores de paz; para que les frenaran la extradición o los trasladaran a cárceles con mayores comodidades.
Laura Sarabia: chuzadas a la niñera y denuncias de dineros calientes en campaña
Implicados: Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, y su esposo Andrés Parra; Armando Benedetti, embajador en Venezuela; Alfonso Prada, exministro del Interior y ahora embajador en Francia; coronel Carlos Feria, jefe de Casa Militar de la Presidencia; y cinco policías subalternos.
Hechos: el robo de una gruesa suma de dinero de la casa de Laura Sarabia, la entonces jefa de Gabinete Presidencial, desató una trama de espionaje y supuesta extralimitación de autoridad. En enero de 2023 un grupo de policías, orquestados desde la Jefatura de Protección de Presidencia, gestionaron la interceptación de los celulares de la niñera y la empleada doméstica de Sarabia, haciéndolas pasar por integrantes del Clan del Golfo; luego sometieron a la niñera a un interrogatorio con polígrafo.
Sospechas por inacciones de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán
Implicados: Iván Velásquez, ministro de Defensa; el exdirector de Policía, general Henry Sanabria; y otros siete subalternos.
Hechos: el 2 de marzo de 2023, en el sector Los Pozos de San Vicente del Caguán (Caquetá), una turba de campesinos e indígenas provocó una asonada en las afueras de una empresa minera. En el hecho fueron asesinados el subintendente Ricardo Monroy y el labriego Carlos Duarte, y secuestrados temporalmente 79 uniformados y seis empleados de la minera.