Este jueves, el suspendido ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, debía presentarse a la Procuraduría General de la Nación para el inicio del juicio disciplinario que se adelanta en su contra por la licitación para elaborar pasaportes en Colombia, pero no acudió a la cita.
Quien asistió fue su abogado, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, que de entrada planteó un choque de interés por parte de Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, el procurador encargado del proceso, en un intento de apartarlo del caso. Dueñas elevó una recusación alegando “enemistad grave” entre el funcionario judicial y el Gobierno. Lea aquí: “Hasta ahora no hay ningún riesgo de racionamiento de energía”: Andeg
Para sustentar su punto, el defensor manifestó que entre 2019 y 2021 Espinosa expresó varias opiniones negativas hacia el movimiento político que llevó al poder al ahora presidente, Gustavo Petro. Sus pronunciamientos fueron públicos, lo que sirvió de argumento para poner en entredicho su imparcialidad.
El procurador delegado decidió suspender la diligencia por una hora mientras analizaba el recurso jurídico. Al regresar, indicó que “no todo escrúpulo o incomodidad del juzgador basta para sacarlo del conocimiento de un asunto” y que sus posturas, puestas de presente antes de ser procurador, no reflejan que sea “enemigo del Gobierno”. Lea aquí: Petro no tiene mayorías en la Comisión Séptima para su reforma a la salud
Asimismo, subrayó que el artículo 20 de la Constitución Política expone que cualquier ciudadano tiene libertad de expresión, incluyéndolo. Y remató con que, aún habiendo rechazado al movimiento político del jefe de Estado, nunca se refirió directamente al canciller que hoy cuenta con una medida provisional que lo apartó de su cargo.
Por lo tanto, el juicio continuará en sus manos. El caso llegó a su despacho por una instrucción que la Procuraduría desarrolló luego que Leyva declaró desierta la licitación para fabricar pasaportes “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos”, lo que pudo “transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
El Ministerio Público, dirigido por Margarita Cabello, ha sostenido que la Cancillería, pese a que se apartó de la empresa Thomas Greg & Sons para expedir los pasaportes, firmó con esa misma compañía un convenio para hacerle frente a una “urgencia manifiesta” que el Ministerio decretó sin que, al parecer, “existieran causales”.