“Pareciera ser una coincidencia de intereses entre el Gobierno, deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa, y el Contralor en funciones, buscando permanecer en su cargo a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela presentada por el anterior Contralor General”.
Esta dura aseveración la formuló el expresidente de la República y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, quien en una carta a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó que pareciera que existiera una alianza para que los afectaran al sistema de salud del país. Lea también: Petro designa a Helga Rivas Ardila como directora encargada de la UNGRD
Lo primera que le expresa Gaviria a la procuradora es que “el Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos; además, a corte del 29 de febrero de 2024, aún no saldaba la deuda de sus ajustes 2022 y 2023, que equivalen a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente. Solamente, gracias a la intervención de la Honorable Corte Constitucional, que el pasado mes de febrero le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social estos pagos antes de 45 días, es que el sistema ha podido lograr evitar su colapso absoluto frente a esta injustificada e ilegal situación”.
Sobre el contralor encargado, manifiesta el jefe liberal que “por otra parte, de manera incomprensible, el señor Vicecontralor encargado de las funciones del Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, contraviniendo su deber constitucional de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que estipula la realización de giros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 en un plazo de 45 días, vuelve a centrarse en las deficiencias de las reservas técnicas de las EPS”.
Pero su cuestionamiento a Zuluaga va más allá, “ignora por completo el fallo de la Corte Constitucional y desatiende que esta responsabilidad recae en la Superintendencia de Salud. Recién esta semana ha comunicado a la Contraloría que les proporcionará la metodología de evaluación de las EPS. Sin embargo, nuevamente, durante esta semana, repite el análisis de la semana pasada y vuelve a incidir en las actuales reservas técnicas de las EPS, instigando al Gobierno y al Ministro a no cumplir con los fallos de la Corte”.
Considera además Gaviria que “el Contralor Zuluaga elabora un informe con fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo sirve al Gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo, de facto e ilegítimamente, la reforma que no ha podido completarse en el Congreso, a pesar de su intensa campaña para socavar la representatividad democrática de la unidad de los partidos políticos”. Siga leyendo: Concejo pide al alcalde Dumek Turbay liquidar el contrato con Acuacar
Le pide además a la procuradora Cabello que “se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano, en contravía del ordenamiento legal, ahora, respaldado por el Contralor General en funciones. Es más, ya el señor presidente ha dispuesto que se empiece a aplicar la ley que solo tiene la aprobación de la Comisión séptima de la cámara y que además se aprobó sin que el Ministerio de hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal. Como además se trata de la regulación de un derecho constitucional después de la eventual aprobación por la comisión del Senado debe cumplir el trámite de que las Comisiones Primeras de ambas Cámaras emitan la ley estatutaria correspondiente”.
Recuerda que en la actualidad las EPS no han logrado cumplir su función de atender a sus afiliados debido a la falta de pago de las unidades de capacitación por parte del gobierno, lo que ha dejado anulado su capital, “para agravar el problema, el gobierno tampoco está atendiendo a aquellos que solicitan atención, ya que no preparó adecuadamente a la ADRES para que cumpliera la función de único pagador. Además, no dispone de los puestos de salud necesarios preparados para desempeñar su papel como el elemento central a partir del cual debería funcionar todo el sistema, tal como lo concibió el gobierno basándose en principios ideológicos en lugar de atenerse a las estipulaciones constitucionales”.
Y cierra la comunicación a la jefe del Ministerio Público diciendo que “a estos factores se suma la escasez de medicamentos como resultado de la precipitada decisión de producirlos en el país, sin que hasta el momento se haya logrado un propósito que, por lo demás, resulta inalcanzable en la mayoría de los casos. Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes”.