En 2021, la Superintendencia Nacional de Salud intervino la ESE Hospital Local Cartagena de Indias tras una evaluación crítica. Durante esa auditoría, la Supersalud identificó 54 deficiencias en áreas asistenciales, administrativas y financieras, poniendo en riesgo la atención a los usuarios.
Germán Augusto Guerrero Gómez, superintendente delegado para las medidas especiales de la Supersalud, explicó que la intervención tenía como objetivo asegurar la continuidad del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. “La recuperación del hospital debe ser un compromiso de todos mediante la estructuración e implementación de soluciones que impacten positivamente en los usuarios. Para esta labor, el interventor deberá presentar un plan de acción máximo en los siguientes 30 días”, declaró Guerrero Gómez en 2021.
En 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social extendió la intervención forzosa administrativa por un año más, a través de la resolución ejecutiva 118 del 17 de mayo de 2023. Esta decisión se basó en un análisis de la Supersalud que abarcó componentes administrativo-legales, financieros y de prestación de servicios en la ESE.
“Aunque se evidencia una mejora en su gestión, aún quedan pendientes actividades necesarias que aseguren la garantía del derecho a la salud y la sostenibilidad financiera de la ESE”, señaló la Supersalud en su concepto.
La intervención alcanzaría su plazo el pasado viernes 17 de mayo de 2024, pero la Superintendencia emitió la resolución ejecutiva 151 que prorroga esta intervención para el 2024. Siga leyendo: Extienden intervención de la ESE Cartagena de Indias por un año más
El Concejo de Cartagena ha señalado inconsistencias en la resolución, mencionando que contiene referencias incorrectas a la ESE del Amazonas, lo que pone en duda el rigor del análisis realizado por la Superintendencia.
El agente interventor, Jorge Eduardo Suárez Gómez, presentó mejoras financieras significativas en la ESE de Cartagena. Según el informe de gestión 2023, la facturación aumentó notablemente en comparación con 2022. Sin embargo, la concejal Mónica Villalobos cuestiona la necesidad de prolongar la intervención cuando las razones iniciales ya no existen.
“Hoy los motivos que dieron lugar a esta extensa intervención no existen, el mismo agente interventor lo está demostrando al manifestar la notable mejoría que ha sufrido la entidad durante su administración. No sabemos por qué persiste la prórroga. Esto carece de legalidad, si claramente no hay riesgo financiero, se formalizó el nivel contractual en un alto porcentaje, los equipamientos biomédicos de las UPA fueron comprados, la infraestructura mejoró, los PQRS disminuyeron de aproximadamente 600 a 200″, indicó la concejal Villalobos.
Villalobos y el concejal Edgar Mendoza han instado a la Personería Distrital a revisar minuciosamente el acto administrativo que mantiene la intervención. Sostienen que, si las condiciones han mejorado, la intervención debería terminar.
Durante sesión del Concejo, Mendoza, del Partido ASI, presentó y leyó partes del acto administrativo que renueva la intervención, señalando un error crítico donde se menciona incorrectamente al departamento del Amazonas. Mendoza calificó este error como “gravísimo”, indicando que no hay un estudio profundo ni financiero, técnico o jurídico que justifique la intervención.
Por su parte, el alcalde Dumek Turbay apoya las denuncias y a través de su cuenta de Twitter expresó que el plan de mejoramiento se cumplió a cabalidad.
“De acuerdo, concejal. Por eso vuelvo e insisto y no me cansaré de preguntárselo a la @Supersalud y al @MinSaludCol, ¿Cuál es la justificación válida para seguir sometiendo a la @ESECartagena, la red pública de atención primaria en salud de todos los cartageneros a una intervención inoficiosa? ¿A quién conviene tanta recentralización administrativa si el plan de mejoramiento se cumplió a cabalidad y desde @AlcaldiaCTG estamos listos y preparados para fortalecerla y convertirla en un modelo eficiente de atención primaria en salud preventiva?”
La resolución 151 tiene un término perentorio pero prorrogable, y aunque la intervención puede extenderse, no debería superar los dos años a menos que se justifique de manera excepcional. La continuidad del control sobre la ESE Cartagena sigue siendo un tema de debate, con opiniones divididas sobre su necesidad y efectividad.