La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) pidió revisar varios artículos del Proyecto de Ley 477 del 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar la sostenibilidad de los medios impresos y digitales, la libertad de prensa y el pluralismo informativo.
La asociación radicó el 10 de noviembre dos comunicaciones dirigidas a los congresistas David Alejandro Barguil Assis y Carlos Mario Farelo Daza, integrantes de las comisiones Tercera y Cuarta del Senado, respectivamente. En las cartas, firmadas por su director ejecutivo, Werner Zitzmann, expuso sus reparos frente a las restricciones a la publicidad oficial en medios impresos, los cambios en las exclusiones del IVA y las nuevas condiciones para las suscripciones a publicaciones y la contratación de pauta estatal.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 8 del proyecto, que plantea prohibir la financiación de pauta y publicidad oficial en medios impresos, excepto cuando sea indispensable para llegar a población sin acceso a medios digitales y exista una justificación escrita del ordenador del gasto. Lea: Así fue el primer cara a cara por la Ley de Rescate Fiscal
Para AMI, esta disposición establece un trato desigual entre los formatos impresos y digitales, sin criterios objetivos que lo sustenten. La organización considera que la selección de los medios debería responder a factores como alcance, cobertura, audiencia, eficiencia de comunicación y necesidades territoriales, y no al soporte en el que se publica la información.
Medidas de la reforma fiscal en Colombia afectarían la libertad de expresión
La asociación también advierte que la medida podría afectar la libertad de expresión y de información, al limitar la circulación de contenidos a través de uno de los formatos de prensa. En ese sentido, sostiene que la distribución arbitraria de publicidad oficial puede convertirse en una forma de censura indirecta y generar presiones económicas sobre los medios.
Por ello, solicitó eliminar la prohibición de contratar publicidad oficial en medios impresos. En caso de establecer reglas para asignar estos recursos, propuso aplicar criterios objetivos a todos los formatos, exigir estudios de audiencia, cobertura y costo-efectividad; garantizar que la selección no dependa de la línea editorial y publicar en el SECOP la planeación, justificación, medio elegido, valor y resultados de cada contratación.
También pidió preservar las publicaciones necesarias para cumplir obligaciones constitucionales, legales y de transparencia, así como evaluar periódicamente los efectos de estas medidas sobre el pluralismo, los medios regionales y las comunidades con baja conectividad.
Otro punto de preocupación está en los cambios a los artículos 476 y 481 del Estatuto Tributario. Desde AMI señalan que el proyecto busca eliminar exclusiones del IVA relacionadas con la adquisición de licencias de software para desarrollar contenidos digitales, el suministro de páginas web, los servicios de alojamiento (hosting) y la computación en la nube.
La organización advierte que estos cambios elevarían los costos de producción, alojamiento, analítica, tecnología y comercialización de los medios digitales, además de encarecer la publicidad contratada por los anunciantes. A su juicio, estas medidas afectarían una operación que ya enfrenta dificultades por la migración del 90 % de la inversión publicitaria hacia plataformas tecnológicas durante la última década.
La asociación también cuestiona el artículo 9, que propone convertir la austeridad en una política permanente para las entidades que administran recursos públicos. Entre las medidas previstas está condicionar las suscripciones a periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos a una justificación técnica de su necesidad institucional, además de sujetar la pauta oficial a las disposiciones que plantea el artículo 8. Lea: Petrismo cuestiona reforma tributaria y advierte efectos sobre el empleo y los precios
AMI considera que estas condiciones podrían reducir las suscripciones a publicaciones, la contratación de servicios de comunicación y la inversión en publicidad estatal, con consecuencias para los ingresos de los medios impresos y digitales.
Al cierre de las comunicaciones, la asociación pidió reconsiderar las disposiciones señaladas para evitar afectaciones a la estructura económica de los medios y proteger la libertad de prensa, el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
