El rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella se convirtió en uno de los principales argumentos del Pacto Histórico para promover el primer paro nacional contra la actual administración. La colectividad cuestiona el alcance de las medidas fiscales y considera que sus efectos recaerían principalmente sobre los hogares de menores ingresos y los trabajadores.
La convocatoria a las movilizaciones cuenta con el respaldo de las principales centrales obreras y de organizaciones políticas opositoras. Además de las inconformidades por el proyecto económico, los promotores de la jornada incluyen entre sus reclamaciones la atención a las personas afectadas por el terremoto y los problemas de orden público.
Durante una rueda de prensa, congresistas del petrismo expusieron sus reparos a la iniciativa y aseguraron que su contenido perjudicaría a los sectores con menor capacidad económica. En su pronunciamiento sostuvieron que la propuesta es “contra las familias más pobres, los sectores populares y la clase trabajadora del país”.
La bancada también estableció comparaciones con la reforma tributaria presentada durante el gobierno de Iván Duque, bajo la dirección del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Según el Pacto Histórico, el proyecto de la actual administración tendría un mayor alcance en materia de impuestos sobre productos de consumo cotidiano. Lea: Corte Constitucional avaló la emergencia económica del Gobierno De la Espriella
¿Por qué el Pacto Histórico rechaza la reforma tributaria de De La Espriella?
Uno de los puntos señalados por la oposición es la ampliación del IVA sobre los alimentos de la canasta familiar. De acuerdo con las cifras presentadas por los congresistas, mientras la propuesta de Carrasquilla contemplaba pasar del 0 % al 19 % en cinco grupos de productos, la iniciativa de De La Espriella abarcaría ocho.
La comparación también incluye los bienes que pasarían de una tarifa del 5 % al 19 %. El petrismo sostiene que el proyecto anterior comprendía 20 categorías, mientras que el nuevo alcanzaría 80. Para ilustrar el alcance de la medida, los legisladores señalaron: “Ni siquiera Carrasquilla se atrevió a meterle IVA al café”.
Otro cuestionamiento está relacionado con la distribución de las cargas tributarias. La colectividad afirma que cerca de tres millones de personas que actualmente no pagan impuesto de renta comenzarían a tributar, con un impacto particular sobre quienes reciben ingresos inferiores a cinco millones de pesos mensuales.
En contraste, los congresistas sostienen que la reforma reduciría la carga del impuesto al patrimonio para 15.000 personas de altos ingresos. Según sus cálculos, de los aproximadamente 32.000 contribuyentes que actualmente pagan ese tributo, quedarían alrededor de 17.000, lo que representaría una reducción de su cobertura. Lea también: A 10 años del acuerdo de paz, Defensoría cuestiona los avances de su implementación
¿Qué efectos económicos advierte el petrismo por la reforma tributaria?
La oposición también cuestiona el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), incluido en la iniciativa gubernamental. Los congresistas lo relacionan con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, promovido por el presidente Javier Milei, y aseguran que contempla beneficios tributarios prolongados para grandes proyectos de inversión sin compromisos suficientes de generación de empleo ni de articulación con la producción nacional.
En materia de precios y mercado laboral, el Pacto Histórico presentó proyecciones según las cuales la reforma podría llevar la inflación al 7,67 % y el incremento de los precios de los alimentos al 13,29 %. También estimó que la tasa de desocupación llegaría al 10,11 % a los 32 meses de implementación, con una posible pérdida cercana a medio millón de puestos de trabajo.
Los congresistas agregaron que el proyecto tendría consecuencias sobre el crecimiento económico. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia pasaría de una proyección de crecimiento del 1,8 % en 2027, sin la reforma, a un 0,13 % si se aprueba. Para 2028, la comparación planteada es de 2,8 % frente a 1,7 %, respectivamente. Le puede interesar: Anif respalda la Ley de Rescate, pero pide revisar el aumento del IVA
Las advertencias del petrismo también se extienden a posibles cambios en el sector público. La colectividad señaló que el Gobierno buscaría privatizar empresas estratégicas como Ecopetrol e ISA, además de electrificadoras territoriales, y modificar o desmontar entidades y programas relacionados con la garantía de derechos.
En su pronunciamiento, alertó sobre posibles afectaciones al empleo y a la prestación de servicios públicos si los recortes presupuestales, la reducción de personal o los cambios en la contratación disminuyen la capacidad de hospitales, colegios y entidades territoriales para atender a la ciudadanía.
