La emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del pasado 10 de agosto recibió el aval de la Corte Constitucional. La decisión, adoptada este miércoles, permitirá mantener las medidas extraordinarias, aunque bajo condiciones relacionadas con su aplicación territorial y el manejo de los recursos.
El pronunciamiento del alto tribunal no representa una aprobación sin restricciones. Los magistrados determinaron que las disposiciones expedidas durante el estado de excepción deberán beneficiar exclusivamente a las zonas donde se comprueben daños ocasionados por el movimiento telúrico.
La decisión fue respaldada por siete magistrados, mientras que dos votaron en contra. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, quien sustentó que la situación generada por el terremoto cumplía las condiciones constitucionales para justificar la declaratoria de emergencia. Lea: Abelardo de la Espriella justifica el uso de prendas militares en “honor a las tropas”
Según el análisis de la Corte, el desastre constituyó una circunstancia sobreviniente que no podía enfrentarse adecuadamente mediante los mecanismos ordinarios del Estado. Por esta razón, consideró procedente que el Ejecutivo recurriera a facultades excepcionales para atender sus consecuencias.
¿En qué municipios se podrá aplicar la emergencia económica?
Uno de los principales condicionamientos establecidos por la Corte tiene que ver con los territorios que podrán recibir los beneficios de las medidas extraordinarias. El tribunal determinó que no será suficiente incluir municipios dentro de la declaratoria, sino que deberá existir evidencia técnica de los daños sufridos.
Para establecer cuáles localidades cumplen ese requisito, la Corte señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) deberá aportar los soportes correspondientes. En ese sentido, indicó que debe existir una afectación concreta y demostrable derivada del fenómeno que motivó el estado de excepción.
El alto tribunal también delimitó el alcance de las intervenciones financiadas mediante esta emergencia. Las medidas deberán responder directamente a las consecuencias del terremoto y no podrán utilizarse para resolver dificultades estructurales que ya existían antes del desastre. Le puede interesar: Aprueban planes de recuperación ante los efectos del frente frío y El Niño
Esta precisión también comprende al sistema penitenciario. La Corte explicó que los recursos destinados a ese sector únicamente podrán atender daños o necesidades que tengan una relación directa con el terremoto, sin convertirse en una fuente de financiación para solucionar problemas anteriores.
¿Qué ordenó la Corte sobre los recursos de la emergencia económica?
Otra de las restricciones establecidas está relacionada con el destino del dinero que se recaude o se incorpore al presupuesto durante la emergencia. Los magistrados determinaron que esos fondos deberán utilizarse exclusivamente para atender las consecuencias del sismo y financiar las acciones de reconstrucción.
En consecuencia, el Gobierno no podrá recurrir a estos recursos para cubrir el déficit fiscal ni destinarlos a obligaciones presupuestales ajenas a la situación que justificó la declaratoria. La destinación específica del dinero quedó como uno de los condicionamientos centrales del fallo. Le puede interesar: PIB del 6%, fracking y seguridad: las apuestas del Gobierno De la Espriella en el PND
Adicionalmente, la Corte impartió una orden al Ministerio de Hacienda para que, dentro de los próximos 20 días, presente una nueva estimación financiera. El tribunal pidió expresamente “recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales necesarias para financiarla”, con el propósito de establecer los recursos requeridos para responder al desastre.
La dimensión económica de la reconstrucción también fue expuesta por la Defensoría del Pueblo, que en un informe reciente calculó en 58 billones de pesos el costo total de las obras y acciones necesarias. De acuerdo con esa entidad, hasta el momento solamente se encuentran identificados con claridad 8 billones de pesos para financiar ese proceso.
