El Proyecto de Ley de Financiamiento, presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca recaudar $12 billones para equilibrar el Presupuesto General de la Nación 2025.
Esta ley se centra en medidas que promueven la reactivación económica, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la fiscalización tributaria en Colombia. El proyecto de ley se presenta en un contexto económico que busca corregir los desequilibrios macroeconómicos tras la desaceleración registrada en 2023. Lea además: Reforma tributaria llega al Congreso con luz roja de la Comisión Séptima
El Proyecto de Ley de Financiamiento tiene como fin cubrir las necesidades presupuestales de 2025 a través de una serie de medidas que fomentan el crecimiento económico, garantizan la transición energética y mejoran la eficiencia fiscal.
La propuesta se basa en tres pilares fundamentales:
- Recaudación fiscal para financiar el presupuesto.
- Incentivos a la inversión privada para reactivar sectores clave.
- Medidas de sostenibilidad fiscal y acción climática, como la promoción de fuentes de energía renovable y la imposición de gravámenes a actividades extractivas.
Incentivos para la reactivación económica y reducción de impuestos a empresas
Uno de los puntos más destacados de esta reforma es la reducción progresiva del Impuesto de Renta para Personas Jurídicas (IRPJ). El proyecto propone bajar la tarifa nominal actual del 35% al 30% para 2029, en un proceso gradual que iniciará en 2025. Este esquema también introduce tarifas marginales que varían según los ingresos de las empresas, con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar la competitividad.
Incentivos para pequeñas empresas
Además de la reducción general del impuesto de renta, las pequeñas y microempresas recibirán una reducción adicional de tres puntos en su tarifa impositiva, lo que las dejaría con un impuesto mínimo del 27%. Esta medida busca fortalecer el sector empresarial colombiano, especialmente a las empresas más pequeñas que contribuyen significativamente al empleo y a la economía local.
El fin del Régimen Simple de Tributación
El proyecto también contempla la eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST), que se implementó para formalizar micro y pequeñas empresas, pero no logró su objetivo. La reforma propone un nuevo sistema de tarifas diferenciadas basadas en los ingresos de las empresas, lo que facilitaría la recaudación y mejoraría la equidad fiscal.
Reforma energética y sostenibilidad fiscal
La transición energética es uno de los puntos centrales del proyecto. El gobierno propone la creación de bonos de transición energética, que permitirán a las empresas deducir el 50% de las inversiones realizadas en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Estos bonos podrán ser negociados en el mercado y servirán como un incentivo clave para acelerar la inversión en energías renovables.
Exención de IVA para energías renovables
Para apoyar aún más este esfuerzo, el proyecto incluye una exención del IVA para la adquisición de maquinaria, equipos y servicios destinados a la producción de energía a partir de fuentes renovables. Este incentivo fiscal busca impulsar el crecimiento del sector energético sostenible en Colombia.
Aumento del impuesto al carbono
Como parte de su agenda para enfrentar el cambio climático, el proyecto contempla un aumento gradual del impuesto al carbono, que afectará a las industrias extractivas como el carbón y el petróleo. La tarifa del impuesto aumentará hasta alcanzar $75.000 por tonelada de CO2, lo que alinea a Colombia con los compromisos internacionales en la reducción de emisiones y la descarbonización de su economía.
Incentivos para el turismo sostenible
Otro de los incentivos importantes es la exclusión del IVA en servicios turísticos prestados en municipios con menos de 200.000 habitantes. Esta medida busca fomentar el turismo sostenible en regiones apartadas del país, promoviendo el desarrollo regional y la reactivación económica en áreas con menos actividad económica.
Gravamen al patrimonio y ganancias ocasionales
El proyecto también plantea la implementación de un impuesto al patrimonio dirigido a las personas con mayores ingresos y activos improductivos. Este gravamen estará dirigido a aquellos que poseen bienes que no generan actividad productiva. Además, se propone un incremento del impuesto a las ganancias ocasionales, que actualmente está en el 15% y pasaría al 20%.
Control sobre el fraude fiscal y medidas de sanción
Uno de los puntos clave de esta reforma es el enfoque en el fortalecimiento de la fiscalización tributaria. La DIAN implementará nuevas medidas para aumentar el control sobre la recaudación de impuestos y reducir la evasión fiscal. Entre las nuevas disposiciones se encuentran:
- Multas por evasión fiscal: Los contribuyentes que evadan impuestos enfrentarán multas de hasta $50 millones.
- Recompensas para denunciantes: Las personas que denuncien casos de evasión fiscal podrían recibir hasta el 20% del monto recuperado como recompensa.
- Mejoras en la retención en la fuente: La retención de impuestos será ajustada para reducir los saldos a favor de los contribuyentes y aumentar la eficiencia del recaudo.
Impacto esperado en la economía
El Ministerio de Hacienda proyecta que la implementación de estas medidas generará un crecimiento económico adicional del 0,4% en 2025, y un promedio de 0,2% entre 2026 y 2030. Estas proyecciones están basadas en el impulso que recibirán tanto la inversión pública como la privada, especialmente en sectores estratégicos como la energía renovable y el turismo sostenible.
Inversión pública como motor de crecimiento
El aumento en la recaudación permitirá al gobierno destinar mayores recursos a la inversión pública, que se espera crezca en un 20% en 2025. Esto no solo ayudará a financiar proyectos de infraestructura, sino que también tendrá un impacto positivo en la creación de empleo y el desarrollo económico de las regiones más vulnerables.