La polémica en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la presunta compra del software espía Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en 2021 sigue escalando.
Este lunes 7 de octubre, el Consejo de Estado admitió una tutela contra la alocución presidencial en la que el mandatario denunció la supuesta transacción para la compra de Pegasus, dando un plazo de dos días para que Petro amplíe su versión sobre el tema.
En su defensa, el jefe de Estado aseguró este lunes 7 de agosto, a través de su cuenta en la red social X, que su declaración fue completamente ajustada a la legalidad. Lea: Consejo de Estado admite tutela contra Petro por caso Pegasus
“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al Presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales”, expresó Petro.
Asimismo, el mandatario hizo hincapié en la libertad que, según él, tiene para expresar sus opiniones y tomar decisiones en el marco de una democracia. “El Presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia”, agregó.
La controversia comenzó cuando Petro, durante una alocución televisada en el contexto del paro camionero a inicios de septiembre, reveló una comunicación confidencial supuestamente emitida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Lea también: UIAF confirma compra clandestina de Pegasus en el Gobierno Duque
Dicha comunicación indicaba que en 2021 la Dirección de Inteligencia de la Policía habría adquirido Pegasus a través de dos pagos en efectivo por un total de 11 millones de dólares. La información, según el presidente, provendría de autoridades antilavado de Israel, aunque esta no constituye una prueba judicial, sino un indicio de inteligencia que, en principio, no debería haber sido divulgada públicamente, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Colombia.
En su alocución, Petro también sugirió que el gobierno de Iván Duque podría haber utilizado Pegasus para interceptar comunicaciones de jóvenes que promovieron las protestas sociales, así como de su propia campaña presidencial.
Estas acusaciones han sido tajantemente desmentidas por el expresidente Duque, quien ha insistido en que no hubo compra ni uso del software.
Tras las fuertes declaraciones de Gustavo Petro, Colombia fue suspendida temporalmente del Grupo Egmont, la organización mundial encargada de la lucha contra el lavado de activos. Esta sanción, que aún se mantiene, se dio como respuesta a la violación de los compromisos internacionales sobre el manejo de información reservada, lo que ha afectado directamente las investigaciones penales relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando. Siga leyendo: Duque arremetió contra Maduro tras fuerte acusación por compra de Pegasus
Por su parte, Luis Eduardo Llinás, director de la UIAF, quien recibió la carta en la que se detallaba la supuesta transacción entre una entidad colombiana y NSO Group —la empresa creadora de Pegasus— el pasado 27 de agosto, ha sido enfático en defender la legalidad de su actuación.
En declaraciones posteriores a la sanción del Grupo Egmont, Llinás aclaró: “Le informé al presidente cuando yo estaba en Suiza, pero quiero dejar claro que el reporte lo envió Israel. En una imprecisión del presidente mencionó en la alocución a Suiza, pero ellos no tienen nada que ver”.
A pesar de las insistentes declaraciones de Petro, las pruebas sobre la compra de Pegasus aún no han sido presentadas. Ni la Fiscalía, ni los barridos realizados por la Policía, la Dirección de Inteligencia y el Ministerio de Defensa durante la administración del actual presidente han encontrado evidencia que respalde las afirmaciones hechas en la alocución presidencial.