A tan solo cinco días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la participación indebida en política por parte de servidores públicos se convirtió en uno de los principales focos de tensión de la campaña electoral. Las investigaciones avanzan contra funcionarios de distintos niveles del Estado, incluidos integrantes del Gobierno nacional y el propio presidente de la República, Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que actualmente hay 89 procesos disciplinarios abiertos relacionados con posibles intervenciones irregulares en política durante el actual calendario electoral. Los expedientes abarcan tanto las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo como la campaña presidencial que entra en su fase definitiva.
La entidad explicó que estas actuaciones hacen parte de la estrategia denominada “Paz Electoral”, cuya segunda fase fue formalizada mediante la circular número 10 de 2026. El plan se concentra especialmente en vigilar el comportamiento de funcionarios públicos durante el periodo previo a las votaciones.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentó esta nueva etapa ante cerca de 250 funcionarios del Ministerio Público bajo el lema “La línea que no se cruza”. Durante su intervención recordó que, aunque participar en política es un derecho ciudadano, los servidores públicos tienen restricciones legales cuando ejercen funciones oficiales. Lea: Claudia López lanzó desde Cartagena ofensiva judicial contra Petro
Eljach enumeró varias conductas prohibidas para funcionarios del Estado en época electoral, entre ellas financiar campañas, promover candidaturas desde cargos oficiales, presionar a subordinados para respaldar aspirantes, utilizar bienes públicos con fines proselitistas o difundir propaganda política a través de canales institucionales.
¿Por qué investigan a Gustavo Petro por presunta participación en política?
El caso de mayor impacto político involucra al presidente Gustavo Petro. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación de oficio contra el mandatario por presunta intervención en política, según un documento firmado por la presidenta de esa corporación, Gloria Elena Arizabaleta Coral.
La indagación se centra en dos publicaciones realizadas por Petro en la red social X. La primera fue publicada el 24 de mayo y hacía referencia al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz. La segunda correspondió a un mensaje compartido el 25 de mayo junto a un video del cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Barranquilla, acompañado de una alusión al “Caribe libertario”.
Sectores de oposición interpretaron esas publicaciones como un respaldo político a la candidatura de Cepeda. Según informó la emisora La FM, en la Comisión de Acusación reposan cerca de doce denuncias contra el jefe de Estado por presunta participación indebida en política durante la recta final de la campaña, las cuales fueron agrupadas en cinco procesos. Le puede interesar: ¿Por qué Caicedo apoya a Cepeda?: esto es lo que acordaron para el país
El procurador Eljach remitió el 25 de mayo un oficio a la Comisión de Investigación y Acusación para solicitar información detallada sobre cada denuncia presentada contra el mandatario. El requerimiento incluyó datos como el número de radicado, la fecha de recepción, el denunciante, la etapa procesal y el congresista encargado de cada expediente.
El jefe del Ministerio Público aclaró que la Comisión de Acusación es el único organismo facultado constitucionalmente para investigar la conducta del presidente de la República. Mientras el ministro del Interior defendió las actuaciones del Gobierno, el excandidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, aseguró que el mandatario “no puede usar su investidura para meterse en campaña”.
La Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por una presunta intervención política durante un evento oficial realizado en mayo en Coyaima, Tolima. La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción tras la divulgación de un video publicado por el portal La Silla Vacía.
En la grabación, el ministro aparece invitando a los asistentes a salir a votar el próximo 31 de mayo. Según el ente de control, al encuentro asistieron el congresista electo del Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié y militantes de esa colectividad. Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó preservar el video y pidió al Ministerio de Salud información sobre la agenda del evento, sus organizadores y los asistentes. Jaramillo podrá entregar su versión dentro del proceso.
Las investigaciones también alcanzan a autoridades regionales y locales. La Procuraduría adelanta actuaciones contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, por presuntamente favorecer desde su cargo la candidatura al Senado de su esposa, María Irma Noreña, del Partido de la U. En Santander, el órgano de control abrió expediente contra el gobernador Juvenal Díaz Mateus y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presuntas irregularidades relacionadas con decisiones laborales y posible injerencia electoral.
En Vichada, el Ministerio Público investiga al gobernador encargado Hermides Joven Celis, al alcalde de La Primavera, Luis Eduardo Rojas, y al director del hospital San Juan de Dios, Álvaro Cardozo, por supuestos actos de proselitismo político en favor de un mismo candidato. Paralelamente, continúan las discusiones sobre los límites de los actos de campaña tras la entrada en vigor del decreto 0188 de 2026, que restringe las actividades políticas a recintos cerrados entre el 25 de mayo y el 1 de junio. Aunque las campañas sostienen que algunos encuentros recientes fueron privados, ya existen denuncias ante el Consejo Nacional Electoral por presuntas vulneraciones a las normas de propaganda electoral.