La Sección Quinta del Consejo de Estado al presidente de la República, Gustavo Petro, a abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a tan solo un par de días de las elecciones presidenciales.
El mandatario no podrá seguir usando sus redes sociales ni sus discursos oficiales para pedirle a la gente que vote por su proyecto político.
El fallo de segunda instancia resolvió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho. Esta organización ciudadana demandó al mandatario y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Los acusó de incumplir la ley estatutaria que prohíbe a los servidores públicos difundir propaganda a favor o en contra de agrupaciones políticas.
¿Qué encontró el Consejo de Estado para ordenar al presidente Petro?
La Sección Quinta del alto tribunal revisó varias publicaciones del primer mandatario en su cuenta de la plataforma X y discursos transmitidos por canales oficiales. Los magistrados concluyeron que Petro infringió la norma en eventos concretos, como la marcha convocada en Ibagué en octubre de 2025. En esa plaza pública, el Presidente invitó a los asistentes a reelegir el “proyecto progresista” y a elegir una mayoría en el Congreso. Lea: Video: Gustavo Petro sorprendió bailando champeta en Cartagena
El Consejo de Estado también incluyó en el expediente capturas de pantalla de varios trinos en los que el mandatario conectó hechos coyunturales con triunfos electorales. Cuando salieron los resultados de una encuesta de Invamer a finales del año pasado, Petro publicó: “Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos”.
En otra publicación analizada, luego de un choque con la mayoría opositora en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la personería jurídica de su partido, el mandatario usó un tono aún más combativo. “El Pacto Histórico debe prender todas las armas”, escribió en sus redes sociales, al señalar que había una acción “dictatorial” para dejar a la primera fuerza política por fuera de las elecciones.
La orden del Consejo de Estado llega en una semana de alta presión institucional para la Casa de Nariño. Apenas hace dos días, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación formal al mandatario por presunta participación política en la campaña de 2026. Esa célula legislativa, que es su juez natural, le confirmó a la opinión pública que el mandatario tiene diez expedientes abiertos por este tema.
Petro ya reaccionó a ese cerco legislativo. Durante una movilización reciente en Sincelejo, volvió a referirse a los comicios planteando su disyuntiva habitual: “¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?”. Pero esta vez frenó su propio discurso con un apunte irónico frente a las investigaciones en curso: “Hasta ahí. Que ya me quieren procesar”, afirmó.
La vigilancia sobre el Ejecutivo también viene del Ministerio Público. En el fallo judicial, el Consejo de Estado recordó un enérgico pronunciamiento del procurador general, Gregorio Eljach, quien le hizo un llamado categórico a Petro y a su gabinete para acatar la Constitución y evitar usar recursos del Estado para hacer proselitismo. Lea también: Elecciones presidenciales 2026: aumentan investigaciones por participación política
Esa advertencia pasó a los estrados esta misma semana. La Procuraduría, que ya solicitó el traslado de información desde la Comisión de Acusación, anunció hoy la apertura de indagaciones contra seis ministros del actual gobierno y decenas de funcionarios adicionales por presunta indebida participación en política.
Por otro lado, la sentencia judicial absolvió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de esta restricción legal. Los jueces explicaron que la prohibición recae directamente sobre los funcionarios públicos como personas naturales, por lo que un organismo del nivel central no es el sujeto pasivo de la norma.
Esta orden de segunda instancia revocó un fallo anterior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En marzo de 2026, ese tribunal local negó la demanda ciudadana bajo el argumento de que una acción de cumplimiento judicial no servía para castigar eventuales faltas disciplinarias del mandatario.
El Consejo de Estado corrigió esa interpretación para aclarar que el objetivo de la demanda no era imponer una sanción disciplinaria al Jefe de Estado. El propósito real del recurso era obligarlo a cumplir una prohibición imperativa que está escrita en la legislación. La corporación recordó que la existencia de un posible juicio disciplinario futuro no elimina el deber inmediato del Presidente de acatar las normas electorales vigentes.
A partir de esta providencia, Petro tendrá que modificar obligatoriamente el tono de sus mensajes institucionales para no promover a su partido. Por orden directa del tribunal, la Procuraduría General de la Nación será la entidad encargada de vigilar milimétricamente el cumplimiento de la sentencia y evitar que el presidente cruce de nuevo la línea roja electoral.