La discusión por el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó un nuevo impulso en el Congreso, luego de que la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) defendiera el recorte de $170.000 millones contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y anunciara una iniciativa que busca modificar el mecanismo de revisión de las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública.
En entrevista exclusiva, la congresista también habló de otro proyecto que pretende eliminar la tasa de usura como una de las medidas para combatir el llamado ‘gota a gota’ y facilitar, según explicó, el acceso de personas de mayores niveles de riesgo al crédito formal. Lea también: El nuevo golpe que se prepara en el Congreso contra la JEP
La posición de María Clara Posada frente al recorte presupuestal de la JEP en 2027
¿Cuál considera que debería ser el presupuesto adecuado para que esta jurisdicción cumpla sus funciones sin generar gastos que, a su juicio, puedan ser evitables?
La JEP nos ha costado a los colombianos, al día de hoy, 3,8 billones de pesos. Si se les hubiese dado el presupuesto que ellos pedían, nos estaría costando al día de hoy 4,5 billones de pesos. ¿Sabe en qué se traduce eso? En que cada sentencia de las que han emitido, que solo han sido 21, nos está costando $180.000 millones. En un momento de desafío fiscal, los responsables tienen que amarrarse el cinturón, evitar cualquier tipo de gasto suntuoso, abrir las cuentas para que la gente sepa en qué se están invirtiendo sus recursos.
¿Qué rubros considera que deben ser revisados con mayor rigor?
Lo primero es la nómina que ellos presentaron, que cuesta 404.477 millones de pesos. ¿Sabe cuánto vale la nómina de todo el Ministerio de Justicia? 52.868 millones de pesos. Eso quiere decir que en ese rubro tenemos que tener realmente un ejercicio determinado de austeridad y recortar. Entre enero y junio de este año, la JEP lleva gastados 40.000 millones de pesos en contratistas; se ha gastado 2.170 millones en tiquetes, viáticos y comisiones; se ha gastado 67 millones de pesos en materiales y 53 millones de pesos en publicaciones. Y oiga esta cifra, que nos parece además como la más preocupante: casi $40.000 millones, es decir, $39.721 millones, en servicios que no están discriminados en los estados financieros. O sea, casi $40.000 millones en una lista de gastos que todo el país desconoce. Esta no puede ser la situación que los colombianos estemos asumiendo, porque al final somos los colombianos los que pagamos ese despilfarro.
¿Qué balance hace del cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la JEP frente a los recursos que ha recibido?
Al día de hoy hay 432 imputaciones. De esas, el 58 % son contra miembros de la Fuerza Pública y el 38 % contra miembros de las FARC. De esas mismas 432, hay ocho macrocasos. De esos ocho salen 21 sentencias y de esas sentencias, al día de hoy, solo tenemos cuatro en firme. De esas cuatro, solo una es contra miembros de las FARC. Las otras tres son contra la Fuerza Pública. La JEP terminó convirtiéndose en un tribunal de activismo de izquierda, que está ensañado contra la Fuerza Pública, contra los hombres y mujeres que vistieron el uniforme para defender a todos los colombianos y que termina siendo laxo y condescendiente con guerrilleros que masacraron, torturaron, violaron, reclutaron, narcotraficaron y extorsionaron a millones de familias colombianas.
¿Cuál es el proyecto del Centro Democrático frente a la JEP?
¿Cuál es el proyecto que presentó el Centro Democrático frente a la situación de la JEP?
Esta es una iniciativa que busca que cualquier sentencia que sea promulgada contra comparecientes de la Fuerza Pública frente a la JEP sea revisada automáticamente por un tribunal penal, militar y policial, para que revise lo que se determina en la sentencia de acuerdo con las normas del conflicto, que conozca cómo son esas operaciones, que conozca qué es lo que pasa en el campo y, sobre todo, que no tenga un sesgo. Y algo más importante: que le devuelva el juez natural, que es una garantía procesal, a los miembros de la Fuerza Pública que hoy están siendo manoseados por activistas en la JEP. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella defiende recorte al presupuesto de la JEP para 2027
¿Han encontrado respaldo con ese proyecto de otros partidos?
Apenas lo estamos anunciando. Esta semana creo que debe haber ponencia de Rafael Nieto en la agenda de la Comisión Primera. Haremos unas proposiciones nosotros mismos desde el partido y esperamos contar con el respaldo mayoritario de las colectividades de gobierno.
¿Qué cambio concreto esperan conseguir en la JEP si este proyecto es aprobado?
Además de devolverles a los miembros de la Fuerza Pública el derecho que tiene cualquier ciudadano al juez natural, queremos que los militares que acepten la responsabilidad y sean condenados solo paguen hasta cinco años de cárcel. Todo el tiempo restante de la pena será restaurativo. Entonces, es como una protección y un blindaje a las garantías de los hombres y mujeres que por años han defendido la seguridad, la vida y la integridad de los colombianos.
¿De qué trata el proyecto de su autoría sobre la eliminación de la tasa de usura?
Esta iniciativa busca acabar con el gota a gota. La tasa de usura lo que hace es que mucha gente tenga que ir al crédito informal, en el cual le prestan entre el 220 % y el 500 %, terminando de asfixiar cualquier actividad productiva, cuando no su seguridad y su vida, porque todos sabemos cómo funciona eso. Lo que queremos es que se abra el mercado para que llegue más competencia, que se adecuen las tasas al perfil de riesgo y que más gente pueda vincularse al sector formal, que puedan acceder al crédito sin amenazas para poder desarrollar su proyecto de vida. Esperamos radicarlo en los próximos días y que nos asignen agenda para la discusión y ponerlo en debate.
Entre la reforma a la JEP y la eliminación de la tasa de usura, ¿cuál considera que requiere mayor atención legislativa en estos momentos?
Yo creo que todos apelan por algo y es la libertad de los colombianos. Los conectaría para que pudiéramos defender la libertad de los colombianos: en una, la libertad como valor supremo que hoy está siendo desconocida a quienes nos han defendido por décadas; y en la otra, la libertad económica, que al final hace que cualquier colombiano pueda vivir de sus propias capacidades y pueda construir su proyecto de vida sin depender de un subsidio que al final termina subordinando frente al Estado. Le recomendamos leer: Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, inicia sanción de la JEP: así será su tarea
