La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolver a la exsenadora Piedad Zuccardi, procesada por el delito de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción de grupos armados. La petición se fundamenta en cuestionamientos sobre las pruebas que sustentaron la acusación presentada en su contra.
La decisión que adopte el alto tribunal pondrá fin a un proceso judicial que se remonta a más de una década. En 2013, la Sala Penal de la Corte acusó a la entonces integrante del Partido de la U por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El expediente incluye varios encuentros en los que, según la acusación, Zuccardi habría participado con integrantes de la organización paramilitar. Uno de los principales hechos investigados fue una reunión celebrada en Valencia, Córdoba, en el año 2000, en la que supuestamente se discutió cómo impedir el establecimiento de una zona de despeje en el sur de Bolívar. Lea: Mancuso dice que delegados de Petro le pidieron acusar a Uribe y De la Espriella
La investigación también contempló otros encuentros en Caracas, Venezuela, y en la cárcel de Itagüí. Las autoridades judiciales examinaron estos episodios para establecer si existió un acuerdo ilícito entre la excongresista y miembros de las AUC.
¿Por qué la Procuraduría solicita absolver a Piedad Zuccardi?
Durante su intervención ante la Corte, la procuradora delegada Nancy Carolina Aponte sostuvo que el material probatorio no permite respaldar la acusación en los términos planteados. Según explicó, las pruebas recaudadas «desvirtúan el carácter subrepticio de esas reuniones» a las que asistió Zuccardi.
Aponte recordó que Víctor G. Ricardo, quien se desempeñaba como comisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, señaló que la participación en esos encuentros estaba justificada ante el Congreso y había sido informada al Ejecutivo de la época. Este elemento fue expuesto para cuestionar que las reuniones tuvieran necesariamente una naturaleza clandestina.
Otro de los puntos centrales de la solicitud de absolución es la evolución de las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La delegada señaló que sus versiones presentaron cambios sustanciales con el paso del tiempo y que parte de lo afirmado habría provenido de comentarios escuchados a terceros. Le puede interesar: Alias ‘Jorge 40′ acepta responsabilidad por crímenes que dejaron 145 víctimas mortales
“Las declaraciones de Salvatore Mancuso variaron sustancialmente en el tiempo, mutando”, manifestó Aponte al explicar las dudas sobre la solidez de ese testimonio. La funcionaria agregó que, inicialmente, el conocimiento expuesto por Mancuso sobre los supuestos pactos correspondía a información indirecta, relacionada con conversaciones en la cárcel de Itagüí o con referencias atribuidas a Ernesto Báez, antiguo jefe político del Bloque Central Bolívar de las AUC.
¿Qué declaró Salvatore Mancuso sobre las reuniones con Zuccardi?
En 2011, cuando declaró dentro del proceso contra el entonces senador Javier Cáceres Leal, Mancuso se refirió a encuentros con Piedad Zuccardi y Carlos Castaño. Según su testimonio, las conversaciones habrían girado en torno a la propuesta de establecer una zona de despeje en el sur de Bolívar, en un momento en que el ELN solicitaba esa medida.
En esa declaración, el excomandante paramilitar manifestó: “Eso sucedió cuando la época en que el ELN estaba pidiendo el despeje del sur de Bolívar, y en esas visitas no institucionales, la señora Zuccardi se comprometió con el comandante Castaño, hizo un pacto para evitar el despeje del sur de Bolívar”.
Sin embargo, Mancuso también reconoció dificultades para precisar algunos detalles sobre los encuentros. Al referirse a las visitas de Zuccardi a la cúpula de las autodefensas, afirmó: “No recuerdo con exactitud si en las múltiples visitas que Piedad Zuccardi hizo a la cúpula de las autodefensas, en las reuniones que tuvimos con ella y directamente ella con el comandante Castaño, unas institucionales y otras no institucionales, en alguna ocasión el senador Cáceres estuvo ahí o si ella dijo que el senador Cáceres hacía parte de esa comisión de congresistas que nos visitaban”.
Las variaciones de ese relato fueron uno de los argumentos expuestos por la Procuraduría para solicitar que la exsenadora no sea condenada. La delegada consideró que las declaraciones no ofrecen suficiente respaldo para demostrar la existencia de un acuerdo criminal atribuible a Zuccardi.
Por su parte, la excongresista sostuvo que la acusación terminó concentrándose en ocho reuniones, pese a que durante la indagación se le habría relacionado con 21 encuentros. «En estas reuniones hay ausencia de corroboración y ellas no acreditan un acuerdo delictivo atribuible a Piedad Zuccardi», afirmó al cuestionar el sustento de los señalamientos.
Zuccardi también aseguró que únicamente asistió a la reunión realizada en Valencia, Córdoba, y negó que su participación tuviera propósitos criminales. “Esta reunión no fue criminal ni con el fin de concertar acuerdos con el grupo paramilitar (...) esta reunión no derivó en acuerdo o pacto alguno de mi parte”, declaró.
La exsenadora añadió que otros integrantes de la comisión de paz del Congreso fueron interrogados por su asistencia a ese encuentro, pero, según manifestó, ninguno fue judicializado por ese hecho. “Siendo yo la única congresista mujer que asistió a la reunión, fui la única judicializada por estos hechos”, sostuvo.
Ahora, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar los argumentos presentados por las partes y emitir una decisión sobre la situación jurídica de Zuccardi. El tribunal tendrá que determinar si dicta una sentencia absolutoria o si, por el contrario, encuentra fundamentos para condenarla.
