La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, conocido excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su total responsabilidad en al menos 22 hechos delictivos que causaron la muerte a 145 personas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar.
Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de secuestro, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura, acogiéndose a sentencia anticipada.
¿Cuándo se cometieron estos delitos?
Según lo expresado por la Fiscalía, dentro de los actos ilícitos que están en dicha aceptación, se encuentran cargos por cinco homicidios colectivos; uno ocurrido el pasado 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento de La Meza, en Valledupar, que dejó cinco personas muertas. Otro fue el realizado el pasado 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, que saldó seis víctimas mortales.
En este registro también está el ataque armado perpetrado el pasado 13 de enero de 2001, en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que dejaron nueve fallecidos, así como las incursiones armadas entre el 4 y 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, en Curumaní, en el que perdieron la vida 20 personas.
Dentro de este prontuario delictivo la Fiscalía también halló responsabilidad de ‘Jorge 40’ en el asesinato de 20 integrantes de los pueblos indígenas de Kankuamo y Arhuaco, entre los que se encuentran menores de edad y líderes comunitarios. Le podría interesar: Judicializan a alias Lobo, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en Antioquia
Actuaciones de ‘Jorge 40’
Mediante un enfoque diferencial, la investigación de la Fiscalía puso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y prácticas culturales y espirituales. Las conductas atribuidas a alias ‘Jorge 40’ corresponderían a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.
La destrucción de viviendas y bienes agravó las consecuencias para la población ajena al conflicto, debilitó su organización colectiva, medios de subsistencia y permanencia en determinadas zonas. La aceptación de cargos será remitida a un juzgado especializado, que determinará la pena correspondiente.
