Política


Abren juicio de responsabilidad fiscal por contrato de Cynthia Pérez

La Contraloría Distrital confirma que la primera dama de Cartagena debería tener un salario de $2.200.000 y no de $7 millones.

REDACCIÓN POLÍTICA

22 de septiembre de 2020 10:45 AM

La Contraloría Distrital de Cartagena abrió juicio de responsabilidad fiscal, con alcances penales y disciplinarios contra funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, tras dejar en firme un informe de presunto detrimento patrimonial en que se habría incurrido con el contrato de la primera dama del Distrito, Cynthia Pérez Amador.

En el informe presentado por el ente de control se precisa “que el contrato en mención no cumple con los requisitos para ser considerado un contrato de prestación de servicios especializados de alta confianza, y por lo anterior no se encuentra justificado sobrepasar el límite de los honorarios permitidos”.

Los hallazgos de la Contraloría precisan que Pérez Amador debería tener un salario de $2.200.000 y no de $7 millones. (Lea aquí: Contraloría tiene en la mira el salario de la primera Dama de Cartagena)

“Debemos concluir que las actividades realizadas por la señora Cythia del Carmen Pérez Amador, en ejecución del contrato suscrito, son propias de un contrato de apoyo a la gestión con connotaciones asistenciales más no especializadas por lo que la asignación de honorarios máxima, a la luz de lo dispuesto en la resolución que fija lo limites, no podían exceder la suma $2.200.000”.

Se indica que por cada mes se habría pagado en exceso de $4,800.000 millones, por lo cual podría existir un posible detrimento patrimonial a la fecha de $33.600.000.

“No cuenta con título profesional ni experiencia”

En cuanto a la naturaleza del contrato, la contraloría Distrital asegura que el contrato suscrito entre Cynthia Pérez Amador y el Distrito es denominado como de apoyo a la gestión de alta confianza; lo cual indica que la funcionaria debiera prestar servicios especializados, brindando asesorías de carácter científico, cívico, sociales, legales, económicos y contables. Sin embargo, al no contar con formación profesional o experiencia suficiente, no puede ser catalogado de esa forma.

El ente de control explica que de acuerdo con su formación y experiencia su contrato encaja más bien como “prestación de servicios de apoyo a la gestión, desarrollado por personal no profesional”.

“No existe prueba que permita corroborar, que la contratista sea profesional especializada, o tenga la suficiente experiencia que le permita soportar la prestación de servicios especializados o asesorías en alguna de las áreas previamente esbozadas. Frente a lo dicho se evidencia que, el único título que aporta la contratista a su hoja de vida, es el de técnico en programación y análisis de sistemas, de acuerdo a certificación y acta expedida por el politécnico central. Además, dentro de los soportes que figuran como experiencia laboral ninguno da cuenta que la contratista haya desempeñado trabajos relacionados con el título obtenido”.

Finalmente, se indica que la Alcaldía sí puede hacer contratos de apoyo a la gestión.

“En resumen, podemos expresar que, si bien el Distrito de Cartagena tiene la posibilidad de celebrar este tipo de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, amparados bajo lo regulado en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, de conformidad a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, estos no requieren conocimientos profesionales o especializados, los cuales se reservan exclusivamente para los contratos de prestación de servicios profesionales”.

¿Por qué se investiga?

La investigación de la Contraloría Distrital, se inició tras una queja presentada por el veedor ciudadano Wilmer Sánchez, quien solicitó la intervención del ente de control, porque a su juicio se estaba frente a un evidente detrimento patrimonial, ya que “la primera dama no puede tener contrato y sus unciones son ad-honorem . No se puede ganar un solo peso”.

La contraloría continuará con el juicio de responsabilidad fiscal, y dará traslado a la Procuraduría con el fin de que se investigue la actuación de los funcionarios que intervinieron en la contratación, desde su etapa de planeación hasta la suscripción del mismo y a la Fiscalía para que determine la existencia de interés indebido en la celebración del contrato analizado.

Lea aquí el informe de la Contraloría:

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