Política


Dau pide suspender embargos y archivar el proceso de la Contraloría

El abogado del alcalde Dau hizo la solicitud a la Contraloría Departamental de Bolívar, que ahora lleva el caso. Estos son los detalles.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

23 de octubre de 2021 12:00 AM

Luego de que se lograra que el proceso de responsabilidad fiscal abierto por el contralor distrital Freddys Quintero contra el alcalde William Dau y otros 42 funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía pasara a manos de la Contraloría Departamental de Bolívar, el apoderado del alcalde Dau, Jorge Iván Acuña, presentó una solicitud de archivo del proceso y también de levantamiento de la medida cautelar de embargo para todos los implicados. (Lea aquí: Contraloría embarga cuentas de Dau y varios funcionarios del Distrito)

Lo anterior, asegurando que el daño patrimonial que se señala no existe y que la medida de embargo atenta contra los derechos de los funcionarios.

“El auto que decretó la medida cautelar de embargo desconoce el principio de buena fe, el derecho al mínimo vital y el derecho a la igualdad, al pretender que los funcionarios investigados devuelvan los dineros recibidos como fruto de su trabajo, en contraprestación por los servicios prestados a la administración distrital”, dijo Acuña.

El abogado argumentó que estos dineros fueron recibidos de buena fe por parte de todos los servidores y que se dieron por conceptos de ingresos laborales conforme a la normatividad vigente. “La devolución de los dineros percibidos no solo atenta contra los derechos fundamentales de los imputados, sino que igualmente se transgreden sus derechos laborales, tales como la igualdad al no recibir una contraprestación igual por el desempeño de sus funciones en comparación con otros funcionarios, desconociendo con ello el decreto anual de presupuesto donde se regulan los pagos de todos los servidores públicos en el país”, añadió.

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Acuña reiteró que los montos máximos fijados como asignación salarial para la vigencia 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno nacional, por lo cual no habría lugar a un detrimento.

“Al ordenarse la medida cautelar de embargo se viola y transgreden principios constitucionales, ya que los supuestos valores que se piden sean devueltos corresponden a retenciones por ingresos laborales, aportes a salud, aportes a pensión, aportes a solidaridad, es decir, la asignación salarial de los imputados, valores que les fueron aplicados durante toda la vigencia investigada”, puntualizó.

“No existe daño patrimonial”

El abogado aclaró que, si bien se le atribuía a estos pagos el concepto de “gastos de representación”, razón por la cual justificaban los embargos de estos dineros, “no se le puede atribuir esta denominación”, ya que “no cumplen con las características de este concepto”.

“Este pago hacía parte de la remuneración ordinaria que devengaban los funcionarios, es decir, la denominación que se le dio como gastos de representación adoptada en el Acuerdo 009 de 2011 nunca constituyó porcentaje adicional al salario que sobrepasara los límites fijados por el Gobierno nacional”.

Por esto asegura que el daño patrimonial que intenta esclarecer la investigación no existe y por ello se debe archivar el proceso.

“Al no sobrepasarse los topes salariales a los que se ha venido haciendo referencia no existe daño patrimonial alguno, por lo que tampoco es posible atribuir una responsabilidad en cabeza de ninguno de los investigados e imputados por la Contraloría Distrital de Cartagena, lo cual obliga a que la Contraloría General de la República proceda al archivo inmediato de esta investigación”, aseguró. Ahora tendrán que esperar respuesta de la Contraloría de Bolívar.

En manos de la CGR

Cabe recordar que el alcalde Dau había solicitado el traslado de la investigación al considerar que no habría imparcialidad del contralor distrital Freddys Quintero para desarrollarla.

La Contraloría General de la República respondió la solicitud y consideró que la Contraloría Distrital “no ofrecía suficientes garantías”, por lo que asumió la competencia del caso a través de la Contraloría Departamental de Bolívar.

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