Política


Las espinas del préstamo que el Distrito solicita al Concejo que le apruebe

La época en la que Dau y los concejales andaban de “pipí cogido” fue mas breve que un estornudo, pues la discordia no cesa y aumentó con el trámite de un empréstito.

OMAR CARRASQUILLA LEÓN

29 de abril de 2022 03:03 PM

“En el empréstito de 160 mil millones, 20 mil millones de pesos servirán para atender a personas que hoy están en la miseria. La diferencia es abrumadora entre tener un baño o no. Que tu hijita tenga donde ducharse y no le toque bañarse con una totuma a la vista de todos los vecinos; o tener que hacer tus necesidades en un baldecito donde todos te vean. Eso planeamos cambiarlo con los recursos de ese préstamo”, expresó el alcalde de Cartagena, William Dau, hace unos días.

(Lea: “No nos pongamos a medir fuerzas”: discusión en el Concejo de Cartagena)

Sus palabras defendían la solicitud para que el Concejo apruebe el proyecto de acuerdo 119 que avalaría al Distrito para realizar un crédito público de hasta $161.000.000.000. Recursos que no solo servirían para la construcción de baños para familias pobres sino para la construcción del alcantarillado de Bayunca - Pontezuela, mejoramiento de viviendas, reparación de vías, chatarrización, Transcaribe y el pago de dineros de procesos judiciales que la Alcaldía perdió.

Sin embargo, el préstamo tiene muchos contradictores e inquietudes sobre su conveniencia, especialmente en el Concejo, donde se debe autorizar, lo que ha roto un Florero de Llorente entre el alcalde Dau y los cabildantes, provocando tensión y polémica.

Por su parte, la secretaria de Hacienda del Distrito, Diana Villalba Vallejo, ha argumentado en diversas ocasiones la viabilidad del crédito planteado y la importancia de obtener estos recursos para realizar obras de beneficio para la ciudad en aras de disminuir la pobreza extrema e impactar la ciudad con equidad social.

No obstante, para la concejala Carolina Lozano hay muchas dudas en el cuerpo edilicio sobre la conveniencia y planeación del proyecto que endeudaría la ciudad, pese a que las necesidades que impactaría el proyecto son tan importantes. “Creo que el alcalde Dau se ha equivocado en la forma de tramitar este proyecto, esto es un proyecto de voluntad política y él lo ha pedido a las patadas, he llegado a creer que hasta no quiere que se lo autoricen. Porque uno no va a donde el que autoriza el préstamo insultándolo y faltándole al respeto, cuando de este depende la autorización del crédito”, expresa.

Es por esto que varias veces la secretaria de Hacienda ha sido varias veces interpelada en plenarias del Concejo por la eventual incongruencia que muchos en ese recinto les genera el crédito público que busca el Distrito. Para el concejal Javier Julio Bejarano la aprobación del crédito en las condiciones actuales no sólo sería una gran irresponsabilidad con la ciudad sino incluso una ilegalidad. “Endeudar a la ciudad por 10 años no es conveniente ya que la ciudad cuenta con recursos de libre de destinación, recursos a incorporar y otras fuentes de financiación que pueden destinar para desarrollar las obras”, asegura.

Al respecto, Diana Villalba precisa que: “Los recursos públicos definitivamente no son infinitos, ojalá lo fueran. El crédito está planteado para pagarse a un plazo de 10 años, con un período de gracia de 24 meses y 8 años de amortización; el Distrito deberá buscar las mejores tasas del mercado. Es congruente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dado que el mismo está acorde con los indicadores de endeudamiento previstos en la Ley 358 y de Superavit Primario del Distrito previsto en la Ley 819 de 2003, para todas las vigencias de gasto en el escenario del proyecto”.

Y recalca: “Además, la calificación de riesgos vigentes para Cartagena otorgada por Fitch Ratings es una doble A (AA-), lo que acredita su estabilidad para realizar una nueva operación de crédito público. Así mismo, la Secretaría de Planeación emitió certificaciones en las que precisa la conveniencia, oportunidad técnica y económica de la presente iniciativa de crédito público”.

En la misma línea a favor del crédito se suscribe el Consejo Gremial de Bolívar. “Esos recursos suponen el cierre de brechas sociales y una mejora directa en la calidad de vida de más de 50 mil ciudadanos de las zonas más vulnerables de la ciudad. El rezago de inversión en infraestructura es notorio en todos los sectores, especialmente en el educativo, en la malla vial, y en las redes de alcantarillado”, indicaron e instaron a los concejales a su aprobación. Pronunciamiento criticado por el concejal César Pion quien los invitó a preocuparse con el mismo furor por otros temas de ciudad de su jurisdicción.

La tesis de los que se oponen

El principal argumento de voces como Javier Julio Bejarano y de Funcicar es que el principio de planeación, peldaño crucial en un proceso de contratación pública, es la espada de Damocles para el Distrito en este proyecto. “Hay inquietudes sobre la garantía de que el Distrito prosiga bajo principios de fiabilidad y veracidad en este proyecto, derivados cuando se realizan con efectividad los estudios técnicos previos adecuados, definiendo con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan y la distribución de riesgos y el precio”, afirma el concejal.

Ante el interés general y a la protección del patrimonio público, Bejarano subraya que una deuda es innecesaria porque Cartagena en los dos vigencias anteriores ha dejado de ejecutar recursos que superan por mucho los 100 mil millones de pesos y además en 2022 cuenta con recursos de libre destinación que superan los 500 mil millones de pesos.

“Los Proyectos deberán estar acompañados de los permisos que exijan las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza del Proyecto. Hoy, el Distrito no cuenta con los requisitos legales establecidos en la Resolución 661 de 2019 de Minvivienda para radicar el Proyecto de Alcantarillado de los corregimientos de Bayunca y Pontezuela. De aprobarse el crédito estas obras no podrían ejecutarse”, expone Bejarano.

Y subraya: “De 21 escuelas a intervenir 16 no cuentan con estudios y diseños, mucho menos con ingeniería de detalles ni presupuesto detallado, ni cuentan con las licencias y permisos necesarios para iniciar las intervenciones, las cinco instituciones restantes solo necesitan mejoras locativas y son estas las de menos costo. Los presupuestos son estimados”.

Funcicar con relación a la planeación de la satisfacción de la necesidad social precisa que no se conoce a ciencia cierta cuándo se iniciaría la ejecución de la inversión. “Es necesario adelantar todas las actuaciones tendientes a contar con los permisos y los recursos de forma concomitante”, explican e instan al Distrito a que argumente jurídica y financieramente la viabilidad del crédito, y la presentación de la documentación técnica que soporte la solicitud y que dé garantías a la ciudadanía de que el endeudamiento se está realizando en el marco de proyectos debidamente planeados.

¿Aprobarse por partes?

Una de las propuestas que se propuso en el Concejo es que el Proyecto de Acuerdo se apruebe por partes, entendiendo la urgencia sanitaria en Pontezuela y en Bayunca, lo que fomenta la importancia de la construcción del alcantarillado sobre tensiones políticas e incertidumbres procedimentales. Sin embargo, en el documento de Hacienda se precisa que no sería relevante la desagregación por la integralidad de las necesidades acaecidas y que los concejales conocen cada uno de los proyectos referidos.

¿Debe primar la ciudad?

Para Agustín Leal Jerez, abogado experto en ordenamiento territorial, gestión publica y contratación Estatal, el Distrito ha escogido la peor época para prestar. “Al mejor estilo de las administraciones pasadas, lo hace a largo plazo, con dos años de gracia, ya finalizando su periodo, para que sea sobre las administraciones venideras que recaiga el mayor peso financiero. Hacienda debe mejorar su gestión fiscal en materia de recuperación de la cartera morosa de los impuestos Predial e Industria y Comercio, lo que sustituiría esta operación de crédito público, que implica unos costos financieros altos, sobre todo con las perspectivas económicas de corto y mediano plazo relacionadas con las tasas de interés”.

Sin embargo, para Leal no se puede negar la existencia de la necesidad de la inversión. “Esta solicitud, nos guste o no, tiene un profundo contenido social, que nos obliga a reflexionar a quienes hemos sido críticos de la administración Dau a mirarla con ojos distintos al cálculo político o personal. Una operación de crédito en épocas difíciles y de altas tasas de interés solo se justifica por el alto impacto social que genere; y el hambre y la miseria no dan espera; estos proyectos servirían para generar mucha mano de obra barrial. No es hora de cálculos políticos ni personales, es el tiempo de la comunidad”.

La distribución de los recursos del crédito público

- Mejoramiento de la Infraestructura de 21 colegios públicos: $40 mil millones.

- La Implementación del sistema para el retiro de vehículos públicos (proceso de chatarrización de Transcaribe): $20.734 millones.

- La pavimentación de vías principales en distintos barrios de la ciudad: $39.961 millones.

- Habitabilidad para la superación de la pobreza y la desigualdad: $19.999 millones.

- La construcción del alcantarillado en los corregimientos de Bayunca y Pontezuela: $40.000 millones.

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