El hacinamiento de personas privadas de su libertad en estaciones de Policía en Cartagena se ha convertido en un grave problema social y de derechos humanos. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación investiga la presunta negligencia de servidores públicos responsables de la situación. (Lea: “Tenemos rasquiña y no cabemos”: reclusos se quejan por el calor en las celdas)
Por consiguiente, la Procuraduría profirió auto pliego de cargos contra David Múnera Cavadía, exsecretario del Interior de Cartagena, por su posible incursión en una falta disciplinaria, al no elaborar para el primer semestre del 2020 los estudios previos necesarios para la suscripción del de un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que reclusos fueran atendidos.
Para la Procuraduría, el funcionario con su conducta, al parecer, actuó con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que regula la contratación estatal y la función administrativa contemplado en la Constitución y en la ley, ya que a él tuvo que elaborar oportunamente los estudios previos para la suscripción del convenio, dada la previa asignación en el presupuesto de inversión de la Secretaría del Interior. A saber: $2.600.000.000 para la atención oportuna de las necesidades y derechos de las personas privadas de la libertad.