Sigue la polémica en el país tras el pronunciamiento de la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, quien aseguró que “no hubo desplazamiento forzado” contra las familias que ocupaban la finca Las Pavas, en El Peñón (Bolívar).
La veracidad del caso de las Pavas, en el que más de 120 familias habían asegurado ser víctimas de desplazamiento forzado en el año 2009, está en entredicho, tras una investigación de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino.
El motivo que dio pie a la investigación fue la declaración de Pedro Moreno, uno de los hombres que supuestamente habría sido desplazado, pero quien dos años después se retractó y pidió perdón porque, según él, “nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas".
Habla sacerdote
La Junta Directiva del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, brindó su respaldo incondicional a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB, frente a la providencia proferida por la Unidad de Desplazamiento de la Fiscalía Regional de Cartagena, donde se indica que en la finca Las Pavas no existió desplazamiento forzado.
Según el sacerdote Francisco de Roux Rengifo, quien habló con RCN Radio, “la providencia se recibe y se entiende como el inicio y no el final de un proceso judicial, en donde todavía no se ha clarificado ni desmentido la verdad de los hechos, es una decisión que aún no sido controvertida en las instancias judiciales correspondientes, a quien acudirán de manera oportuna para sustentar la información que han recopilado en el acompañamiento del caso”.
Recordó el sacerdote que los campesinos de ‘Las Pavas’, como afirmó el Ministerio de Agricultura y el Incoder, fueron reconocidos desde el gobierno anterior como víctimas de desplazamiento forzado por Acción Social y tienen a su favor medidas de protección de tierras.
“El registro de estas personas como población desplazada se produjo como consecuencia de un proceso adelantado por Acción Social en la cual se evalúa la veracidad de los hechos referidos”, dijo Roux.
Manifiesta su preocupación de que en el país se esté diseñando una estrategia para desvirtuar la legitimidad de las demandas de las víctimas y los desplazados
Compartimos la preocupación del Ministerio de Agricultura y el Incoder cuando afirman, “que les parece peligroso y que ojalá no sean malintencionados en utilizar este episodio de la providencia tomada por la fiscal de Cartagena para descontextualizar o tejer un manto de duda sobre la estabilidad jurídica y el respecto al Estado de Derecho con que se va a aplicar rigurosamente la ley de víctimas y restitución de tierras”, dijo.
