Una pugna jurídica, sin precedentes, se inició entre la empresa explotadora de níquel en Córdoba, Cerro Matoso, y un grupo de ex empleados y miembros de comunidades indígenas que lo responsabilizan de estar contaminando el ambiente y generando enfermedades.
La denuncia es liderada por el abogado monteriano Abelardo de la Espriella y un grupo de juristas que están buscando con ‘lupa’ las consecuencias que podría generar el níquel en el cuerpo humano.
Dentro de esta batalla judicial se anunció la investigación por parte de un equipo de especialistas de Brasil quienes realizarán un estudio, con la debida rigurosidad científica, con el fin de establecer si realmente los pobladores expuestos han sufrido enfermedades como consecuencia de la explotación del mineral.
Participarán en la investigación Joao Antonio Peges del Instituto Genotox de la Universidad Federal de Río Grande y Juliana Da Silva, investigadora del laboratorio genético de la Universidad Luterana de Brasil.
Los especialistas llegaron a Montería y en una rueda de prensa anunciaron que la idea es “hacer una investigación sin ningún tipo de manipulación, con métodos científicos, sin tapujos, pero sin meterle un palo a la carreta para que salga toda la verdad”.
Advirtieron que no están en contra de la minería pero insisten en que hay que exigirles que tomen medidas precautelativas.
Por su parte el científico cordobés Milton Quintana dijo que hay indicios que permiten establecer que el níquel produce grandes daños a nivel de las estructuras genéticas y que al romper dichas estructuras, las personas que están expuestas al mineral están más propensas a sufrir de cárcel.
Entretanto, los indígenas que habitan en las zonas contiguas a la mina advierten que hay un evidente deterioro del medio ambiente y que las aguas están contaminadas.
También hay un grupo de ex trabajadores enfermos, especialmente con cáncer en la piel, que le están apostando a la investigación pues consideran que su enfermedad tiene directa relación con la actividad que desarrollaron en la mina.
A su turno Luis Ochoa, ex presidente del sindicato de trabajadores de Cerro Matoso, dijo que la Universidad de Antioquia había hecho un estudio pero que los resultados no fueron dados a conocer por la firma de confidencialidad hecha con la explotadora del mineral.
Finalmente el abogado cordobés Javier de la Hoz denunció que un equipo de abogados había sido sobornado por un directivo de Cerro Matoso para que no adelantaran la investigación, lo que les hace presumir que las cosas no andan del todo bien.
Posición de Cerro Matoso
Por su parte los voceros de Cerro Matoso han venido señalando que no son justificadas las denuncias en contra de la mina, pues han sido cuidadosos con los procesos para garantizar que no haya ningún tipo de impacto negativo en la salud de las personas que están expuestas.
El vicepresidente de asuntos externos de Cerro Matoso, Luis Marulanda, explicó que la denuncia carece de fundamento alguno, así como las pretensiones económicas de los implicados.
De igual forma dijo que el daño genético, según demuestran estudios científicos, es causado por múltiples hechos y no está demostrado que este haya sido causado por la actividad de Cerro Matoso.
Se refirió de igual forma a las denuncias de la manipulación de los estudios hechos por la Universidad de Antioquia señalando que han hecho cinco estudios de vigilancia epidemiológica desde 1983 hasta el 2006 y que fueron precisamente los miembros del sindicato los que propusieron que lo hiciera el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Señaló además que se hicieron estudios citogenéticos, investigaciones científicas de primer nivel en el mundo de la vigilancia epidemiológica y que los estudios fueron validados por expertos nacionales e internacionales.
Planteó que a lo largo del proceso jurídico demostrarán que los clientes de la firma De la Espriella Lawyers Enterprises no tienen la razón y que Cerro Matoso no es responsable de los presuntos daños que le son atribuibles.
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