Las cinco mil familias campesinas que se han visto afectadas por las fallas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, lo cual motivó un paro cocalero en el departamento de Córdoba, deben ser escuchadas por el Gobierno para buscar una solución concertada y satisfactoria que se traduzca en el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes.
Así lo señalaron los diputados Isidro Vergara Farak, presidente de la Asamblea, y Orlando Benítez Mora, quienes expresaron que el prolongado paro que se registra en esta sección del país, es el resultado de los incumplimientos de los acuerdos.
Vergara Farak afirmó que las subregiones del San Jorge y el alto Sinú agobiadas por la violencia y la exclusión social, ahora enfrentan el problema originado por el incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno y los campesinos en desarrollo del decreto ley 896 de 2017 y del decreto 362 de 2018.
Recordó que en Tierralta figuran como beneficiarias 3.445 familias que ahora esperan una respuesta coherente del gobierno central que les permita adelantar una producción lícita y próspera.
Por su parte, el diputado Orlando Benítez Mora anotó que los labriegos reclaman las promesas incumplidas del gobierno nacional, cansados de burlas, cansados de la ausencia institucional, cansados de la falta de inversión social y con un programa de sustitución de cultivos a mitad de camino, y en muchos casos sin comenzar.
Ambos diputados confiaron en que el consejero presidencial para el postconflcito, Emilio Archila, y los demás funcionarios nacionales requeridos por los campesinos, lleguen al departamento con claros deseos de atender las solicitudes de los labriegos confirmando la voluntad política e institucional del gobierno de cumplir los acuerdos.