Luego de que la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar le abriera una investigación disciplinaria al alcalde de Calamar, Yesid Jassir Vergara, por presuntamente haber suspendido de forma irregular el giro de subsidios a la empresa Giscol Dique S.A. E.S.P, la cual prestaba los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el mandatario aclaró que ella estuvo en el municipio hasta mayo del año pasado.
El funcionario señaló que en efecto, la empresa Giscol tras una deficiente gestión a cargo del acueducto municipal, el cual operaba a través de un contrato con Aguas Canal del Dique S.A. E.S.P., empresa municipal que tiene vigente un convenio interadministrativo con esta alcaldía desde el 2007, para garantizar la prestación del servicio, no pudo seguir cobrando el déficit del balance entre subsidios y contribuciones, por no contar con la certificación de cumplimiento que debía expedirle su contratante, quien a su vez alega falta de presencia del operador especializado en las instalaciones del acueducto, ausencia de medición del servicio luego de 10 años de operación y falta de facturación del mismo.
Cabe aclarar que la que recibe los recursos de los subsidios de agua potable desde junio de 2018, es la empresa Aguas Canal del Dique, pues asumió directamente la prestación del servicio de acueducto.
Prueba del cumplimiento de dichas obligaciones según Jassir, se evidencia en la certificación expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos para que el municipio continúe administrando durante el 2018 y 2019 sus recursos de agua potable y saneamiento básico, que hasta el 2017 eran administrados por la Gobernación de Bolívar, justamente por las deficiencias durante las vigencias anteriores al 2016 en el manejo de los recursos destinados a otorgar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2.
“Nosotros ni siquiera tenemos cobros efectuados por el anterior prestador que cumplan con las condiciones para generar un pago, situación que cae por su propio peso, al no estar Giscol vinculado desde mayo de 2018 a la prestación del servicio de acueducto del municipio”, añadió el mandatario.
Para la Procuraduría Provincial, el alcalde al parecer suspendió el giro de los recursos sin realizar el debido seguimiento a la situación legal del contrato.