La violencia en el sur del departamento de Bolívar sigue en aumento. La disputa territorial entre el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias facciones disidentes de las antiguas Farc ha convertido la Serranía de San Lucas en uno de los epicentros del conflicto armado más graves de Colombia en 2025.
Durante lo corrido del año, la región del Magdalena Medio —donde se concentra gran parte del territorio del sur de Bolívar— ha registrado 27 emergencias humanitarias. De ellas, 15 corresponden a desplazamientos masivos y 12 a confinamientos forzados, afectando directamente a más de 24 mil personas.
Municipios del sur de Bolívar donde se concentra la crisis humanitaria
Los municipios de Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Cantagallo, Morales y Río Viejo son los más golpeados por la violencia.
En Santa Rosa del Sur, por ejemplo, 15.240 personas han resultado afectadas, mientras que en Montecristo la cifra supera las 5.400. Por su parte, en Arenal se registraron 3.090; 249 en Cantagallo; 160 en Morales y 76 en Rio Viejo. Según lo expresado por la Defensoría del Pueblo, hoy hay tres emergencias activas en el sur de Bolívar.
Ataques con drones, minas antipersonal y secuestros
De acuerdo con información suministrada por la Defensoría del Pueblo, las comunidades denuncian un recrudecimiento del conflicto en las últimas semanas. Grupos armados ilegales han usado a la población civil como escudo humano, han impuesto restricciones a la movilidad y han ocupado viviendas y centros educativos para sus operaciones.
En Santa Rosa del Sur, el 3 de octubre fueron secuestrados Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, y Alberto Montero Hernández, junto a su compañera Karen Tatiana Alfonso, quien posteriormente fue liberada. Uno de los líderes fue dejado en libertad tras gestiones humanitarias de la Defensoría del Pueblo.
Además, se han reportado ataques con drones, la siembra indiscriminada de minas antipersonal y la destrucción de viviendas en varias zonas rurales, entre ellas los corregimientos de Fátima, San Lucas, La Marizosa, Villa Flor y Buenavista. Situaciones similares se viven en Santo Domingo (Cantagallo) y San Agustín, La Jungla, La Cañada y Zabaleta (Arenal del Sur).
“Estas acciones representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El uso de artefactos explosivos indiscriminados, el reclutamiento forzado y las amenazas a líderes comunales son prácticas que profundizan el miedo y destruyen el tejido social de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas”, indicó en un comunicado la entidad.
Llamado urgente a la acción del Estado
La Defensoría del Pueblo ha acompañado la entrega de ayuda humanitaria a más de 3.500 familias en la Serranía de San Lucas. Sin embargo, la magnitud de la crisis desborda las capacidades locales y requiere de una respuesta integral del Estado, con enfoque diferencial y respeto a los derechos humanos.
Las organizaciones sociales y humanitarias exigen una acción inmediata que garantice la protección de la vida y la integridad de las comunidades, así como el restablecimiento de la presencia institucional permanente en el territorio.
Entre las medidas urgentes se incluyen operaciones de desminado, programas de educación en emergencia y una coordinación interinstitucional efectiva entre las autoridades nacionales y territoriales para mitigar el impacto del conflicto.
Comunidades que resisten en medio del conflicto
Pese al miedo y la violencia, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del sur de Bolívar continúan resistiendo. Según la Defensoría del Pueblo, las mujeres, los niños, las niñas y las personas mayores son las principales víctimas de una guerra que vulnera todos los principios del Derecho Internacional Humanitario.
La entidad ha insistido en que el llamado es claro: que todos los actores armados cesen las hostilidades, respeten la vida y la dignidad de la población civil, y que el Gobierno Nacional active de manera urgente los mecanismos de respuesta humanitaria para garantizar un retorno digno y seguro de las víctimas.