El Gobierno nacional, mediante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), avanza en un proceso de revisión de decisiones negativas adoptadas en vigencias anteriores, con el objetivo de fortalecer la garantía de derechos territoriales de víctimas del conflicto armado en los departamentos de Bolívar y Sucre.
La estrategia, enmarcada en el Plan de Acción 2026, contempla la revocatoria de cerca de 200 negaciones que en su momento impidieron el reconocimiento de derechos a familias que acudieron oportunamente a la entidad.
Desde El Carmen de Bolívar, la Dirección Territorial Bolívar - Sucre informó que, una vez surtido el procedimiento de revisión y revertidos los actos administrativos, los casos serán incorporados formalmente a la gestión institucional. Lea: 96 mil hectáreas inscritas en Bolívar para restitución de tierras: Gobierno
Este proceso incluye la verificación jurídica, social y catastral de cada expediente, con el fin de garantizar que las nuevas decisiones se ajusten al marco normativo y a los estándares probatorios vigentes.
La entidad busca así emitir conceptos favorables que permitan avanzar en la reparación integral de víctimas que no obtuvieron respuesta positiva en el pasado.
De acuerdo con Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, la prioridad se centra en profundizar el trabajo con las comunidades afectadas y avanzar en la reversión de los efectos del despojo ocasionado por actores armados, económicos e institucionales. La entidad apunta a recuperar la confianza de las familias y consolidarse como aliada en la defensa de sus derechos territoriales.
La URT indica que “uno de los casos que evidencia este proceso es el de la familia Godoy, vinculado al emblemático caso de La Camaronera, donde la violencia y los intereses privados confluyeron para el despojo de tierras”. Le puede interesar: Entregan 21 títulos de propiedad en veredas de El Carmen de Bolívar
Tras una revisión exhaustiva por parte del equipo jurídico, la URT revocó el acto administrativo que había negado previamente la solicitud, logrando la inscripción del caso en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), paso que permitirá orientar la demanda ante los juzgados especializados.
“En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza de reivindicar nuestros derechos”, afirmó Antonio Godoy, beneficiario del proceso.
Con esta iniciativa, la entidad busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la calidad de sus determinaciones administrativas y asegurar que las víctimas del conflicto armado accedan de manera efectiva a los mecanismos de reparación previstos por la ley.