Frente a los acontecimientos relacionados en las ultimas semanas sobre el proyecto de Autopistas del Caribe, la Concesión se pronunció al respecto.
Cabe recordar que la obra del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, comprende la operación y el mantenimiento de 253 kilómetros de vías existentes. Lea también: Frente Antipeajes espera liquidación de Autopistas del Caribe en 2025
También conlleva la construcción de nueve unidades funcionales o tramos que incluyen dobles calzadas, variantes e intersecciones a nivel y desnivel, por un valor aproximado de $4,3 billones.
Sin embargo, desde el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes, conformado por comités de distintos municipios, incluido Turbaco, han solicitado que en el presente año se liquide dicho contrato.
El pronunciamiento lo realizan luego de que el Ministerio de Transporte emitiera una nueva resolución en la cual prorroga hasta el próximo mes, la suspensión de cobro en el peaje de Turbaco para los vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas).
Lo que dice Autopistas del Caribe sobre los peajes de Turbaco y Sabanagrande
Por medio de un comunicado, la Concesión Autopistas del Caribe, aclaró que las estaciones de peaje, incluyendo las de Sabanagrande y Turbaco, son legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021 y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 de Mintransporte.
“A pesar de los intentos de desinformación por parte de ciertos grupos que insisten en cuestionar su validez, no hay evidencia de irregularidades de ninguna índole. Este proyecto es legal, está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las dos principales ciudades de la región Caribe”, señaló la Concesión.
En cuanto al peaje de Turbaco, resaltaron que el Gobierno Nacional ha propuesto una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II.
“Esta fue rechazada por el Comité No Mas Peaje, sin contar con la opinión de los verdaderos usuarios de la vía”, señalaron.
Las incomodidades de Autopistas del Caribe
La Concesión manifestó que las constantes tomas de las estaciones de peaje, junto a las amenazas contra los usuarios de la vía y los colaboradores del proyecto, constituyen un delito según la normativa colombiana.
“Desde el 6 de diciembre de 2024, la estación de peaje de Sabanagrande ha sido ocupada por grupos que han intimidado y agredido al personal. Queremos recordar a los usuarios que la evasión del peaje está regulada por la Ley 769 de 2022, y quienes incurran en esta infracción podrían enfrentar sanciones equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)”, sostuvieron.
La empresa expresó que el contrato se encuentra bajola ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER), la cual suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos como la falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 de peaje en Turbaco y la implementación construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra.
“Mientras estos obstáculos no se resuelvan, el concesionario no podrá cumplir con sus obligaciones relacionadas a la obligación contractual de acreditar el cierre financiero. Es importante resaltar que este cierre es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas”, expuso.
Es de anotar que no es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero y mucho menos cierto que el contrato se deba liquida”.
Autopistas del Caribe
Sobre la liquidación del contrato del proyecto de Autopistas del Caribe
Autopistas del Caribe detalló que ha participado en más de de 20 jornadas de diálogo, buscando evitar la liquidación del proyecto. Sin embargo, afirman que los líderes opositores al desarrollo continúan sin proponer soluciones viables y persisten en su insistencia por liquidarlo.
“La liquidación anticipada del contrato, impulsada por quienes buscan obtener beneficios políticos a costa de la región, generaría un daño irreparable para su competitividad”, aseguró la Concesión.
Y añadió: “La historia nos ha demostrado que la liquidación de proyectos de esta magnitud resulta en desempleo masivo, ausencia de inversión social y ambiental, y la pérdida de infraestructuras claves para la región. Además, el país tendría que asumir pagos billonarios derivados de la ruptura de contratos, lo que afectaría la estabilidad económica y social”.
En cuanto a las protestas, la empresa las señaló como un error garrafal que pone en peligro el desarrollo de Bolívar y Atlántico. Le puede interesar: Peaje de Turbaco sin cobro hasta febrero de 2025, ¿qué pasará después?
“Bloquear este proyecto, esencial para la conectividad, el empleo y el progreso de la región, solo generará retroceso y afectará a miles de colombianos. Los líderes que insisten en esta acción están tomando un camino equivocado, perjudicando a las comunidades que dicen representar”, declararon.
Y concluyeron: “. La región necesita este proyecto para avanzar y cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas que ya enfrentamos. Es hora de mirar hacia el futuro y garantizar el desarrollo de la infraestructura que necesitamos”.