La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los concejales Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo, quienes integraban el Concejo Municipal de Cantagallo, Bolívar, para el periodo 2024-2027, por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2025, mediante el cual se adicionaron recursos al presupuesto municipal de esa vigencia.
La investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja se relaciona con la incorporación de $10.986 millones provenientes de procesos de contratación en curso, pues los concejales, como integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, habrían votado a favor de la iniciativa sin presuntamente verificar el cumplimiento de los requisitos legales para realizar la adición presupuestal. Lea también: Procuraduría formula cargos contra alcalde de Simití: esta es la razón
Adicionalmente, el Ministerio Público ordenó compulsar copias para que se evalúe la posible responsabilidad disciplinaria del alcalde de Cantagallo, Omar Devanys Esparragoza Ponce, y de los secretarios de Hacienda y Finanzas, Joel Emiro Alcocer Guerra, y de Planeación e Infraestructura, Alexander Rodríguez Sarmiento, por su presunta intervención en los hechos, actuaciones que se adelantarán con observancia del debido proceso y las garantías legales de los investigados.
Otras investigaciones que se adelantan en Bolívar
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Simití, Bolívar, Wilman Eli Quintana González, y dos funcionarias de su administración, por presuntas irregularidades en el nombramiento y la posesión de la secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos del municipio, quien aparentemente no habría acreditado los requisitos académicos exigidos para ocupar el cargo. Le sugerimos: Fallo contra exalcaldes de Cantagallo por obras inconclusas
Los otros investigados son Marlen Cecilia Larios Mejía, quien se desempeñaba como jefe de Personal de la Alcaldía, y Mónica María Celis Posso, secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos. Entre las presuntas irregularidades señaladas se encuentra que esta última no habría acreditado formación profesional en Derecho, requisito exigido para ejercer el empleo.
