La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la efectividad de los Planes Departamentales de Agua (PDA) en Colombia, tras detectar hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en el primer semestre de 2025.
Las auditorías de cumplimiento realizadas en Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre evidencian deficiencias graves en la planeación, contratación y ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. Lea: Gualí, Bolívar, ya tiene alcantarillado: esta fue la inversión
El balance de la entidad muestra que, aunque los PDA fueron concebidos para cerrar brechas en el acceso al agua en zonas rurales y vulnerables, persisten problemas estructurales que limitan su impacto.
En Colombia, la cobertura urbana de acueducto supera el 92%, pero en áreas rurales apenas llega al 43,3%, dejando a más de 10 millones de personas sin acceso a un servicio formal, seguro y confiable. En alcantarillado, la situación es aún más crítica: en el campo la cobertura no alcanza ni el 16%.
Hallazgos en Bolívar y otros departamentos
En Bolívar, la Contraloría identificó un hallazgo fiscal por $1.433 millones en la ampliación del sistema de alcantarillado de San Cristóbal. “Aunque el contrato fue formalmente recibido y liquidado, la obra no opera por fallas estructurales y técnicas, lo que constituye un detrimento patrimonial”, señaló el máximo órgano de control fiscal del Estado. Lea también: Vecinos de Tiquisio advierten retrasos en obras de alcantarillado
El panorama se repite en otras regiones:
- Antioquia: más de $8.700 millones en hallazgos, incluyendo pagos por obras que no garantizan el servicio en Nechí y Anzá.
- Santander: $2.200 millones en detrimentos, entre ellos una planta de tratamiento en Curití en avanzado estado de deterioro.
- Guainía: $1.455 millones en contratos inconclusos y pagos sin soporte.
- Sucre y Guaviare: $364 millones y $95 millones respectivamente.
Además, a nivel nacional se reportan 5.281 proyectos dentro de la estrategia PDA, de los cuales 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos, lo que confirma problemas de gestión y control.
Un modelo en crisis
Según la Contraloría, cerca del 12,5% de los municipios del país aún no hacen parte de los PDA por limitaciones técnicas y de gestión. La entidad advierte que la estrategia, que debía priorizar territorios apartados, no logró ejecutarse de manera efectiva.
“Se trata de un modelo con deficiencias de planeación, ejecución y supervisión, donde recursos públicos se invierten en proyectos inconclusos o no funcionales que no garantizan servicios esenciales a la ciudadanía”, concluyó la Contraloría General.
La entidad insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y adoptar enfoques diferenciales que respondan a las realidades de cada territorio, con el fin de cerrar las brechas urbano-rurales en agua potable y saneamiento básico.