El pasado 7 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026, en la cual advierte de posibles vulneraciones a derechos y libertades con miras a las próximas elecciones a nivel nacional.
En el documento se exponen cuáles son las zonas que presentan riesgos e igualmente se establecen llamados de acción a las autoridades en diferentes rangos: inmediato, urgente, prioritario, observación permanente y ordinario.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
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En la alerta se establece la necesidad de proteger especialmente precandidaturas, candidaturas, equipos de campaña, servidores públicos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
La situación de riesgo electoral en Bolívar
En el documento se advierte que en los 46 municipios del departamento hay riesgos electorales, aunque de distinto nivel: 12 requieren acciones urgentes, 28 atención prioritaria y 6 observación permanente. Según el documento, esto se debe a la presencia de grupos armados ilegales en el territorio o bandas delincuenciales que actúan de forma autónoma o como terceros de estas estructuras delictivas.
“En municipios como Villanueva, Cartagena, Turbaco y Arjona, opera el grupo denominado Salsas Mexicanos Nueva Generación, que disputa el control con el Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) e instrumentaliza jóvenes en conflictos barriales”, señala el documento.
El EGC también tiene presencia en zonas como los Montes de María y la subregión del Dique, donde además, de acuerdo con la alerta, desarrolla acciones orientadas a legitimarse como fuerza armada y social, asumiendo incluso funciones propias del Estado.
Esta conducta igualmente es asumida por grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que también hacen presencia en el territorio, incluyendo al sur de Bolívar.
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“Las manifestaciones de gobernanza armada ilegal se ejercen de facto sobre las comunidades. Estas incluyen control territorial, la cooptación de liderazgos sociales y la instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Dichas prácticas constituyen amenazas permanentes y cotidianas, expresadas en bloqueos a la movilidad, restricciones al ingreso de alimentos y limitaciones al acceso de las personas, con el propósito de debilitar a grupos rivales”, dice la alerta.
El llamado a las autoridades por el riesgo electoral
Los municipios de Bolívar con llamado a la acción urgente son Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Carmen de Bolívar, Montecristo, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Tiquisio.
En estos territorios se identificaron amenazas en desarrollo o con alta probabilidad de materializarse, por lo que el llamado es a activar medidas de seguridad, protección y articulación interinstitucional que prevengan la consolidación de hechos violentos o restrictivos de la participación electoral.
Por otro lado, en el nivel de atención prioritaria están Achí, Arjona, Calamar, Cartagena, Cicuco, Córdoba, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Marialabaja, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, San Fernando, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Mompox, Santa Rosa de Lima, Simití, Talaigua Nuevo, Turbaco, Villanueva y Zambrano.
La Defensoría del Pueblo explica que este nivel corresponde a contextos en los que los factores de amenaza presentan una menor visibilidad o una afectación, indirecta, “pero persisten vulnerabilidades que podría escalar si no se abordan oportunamente”.
“La acción estatal debe centrarse en reducir dichas vulnerabilidades, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias y controlar los factores de riesgo identificados. Se requiere una intervención temprana y sostenida, orientada a prevenir el deterioro de las condiciones de seguridad y proteger los derechos y libertades políticas durante el proceso electoral”, dice el documento.
Finalmente, los municipios en los que se sugiere observación permanente son Arroyohondo, Clemencia, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana. “En estas zonas, aunque existen capacidades preventivas, se requiere monitoreo constante para anticipar variaciones de riesgo y detectar cualquier cambio en el comportamiento que pueda afectar el ejercicio del proceso electoral”, establece la Defensoría.
Las recomendaciones ante el riesgo electoral
En la alerta, la Defensoría del Pueblo estableció recomendaciones a diferentes entidades del Estado, como al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría, la Procuraduría, la Personería y demás organismos de control.
Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de la articulación interinstitucional, las garantías de seguridad, la implementación de planes de contingencia, la transparencia del proceso electoral y la vigilancia para la protección de los derechos.