El pasado viernes 12 de diciembre, finalmente se llevó a cabo la reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) por la crisis humanitaria que desde hace varios meses enfrenta el sur de Bolívar debido a la violencia por parte de grupos armados ilegales.
El encuentro se realizó luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar emitiera una medida cautelar ordenando el encuentro, tras una acción de tutela interpuesta por la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC).
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A la reunión, realizada en el municipio de Morales asistieron el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Unidad de Víctimas, la Agencia de Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
También estuvo presente el Mecanismo de Apoyo para el Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA), varias personerías, autoridades locales, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Aunque hubo delegados por parte de la Fuerza Pública, desde la ODDC cuestionaron que no hubiera presencia por parte de comandantes con responsabilidad directa en el territorio, considerando que este es el espacio para coordinar las respuestas integrales ante la situación que enfrenta la zona.
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El panorama en el sur de Bolívar
Durante el encuentro, la Defensoría del Pueblo fue la encargada de exponer los niveles de riesgo que están enfrentando las comunidades por cuenta del accionar de los grupos armados, en el marco de la Alerta Temprana 034-2023, dirigida a los municipios de Cantagallo, Morales, Simití, Arenal del Sur, Santa Rosa del Sur y San Pablo.
“La gravedad del contexto se ve reflejada en hechos lamentables, que ya venían ocurriendo en la región, como en los recientes asesinatos de una menor de edad y de una mujer adulta, así como desplazamientos forzados derivados de la violencia sistemática y los enfrentamientos entre grupos armados”, expresó Blanca Victoria Sabagh, líder de la ODDC y consejera departamental de Bolívar.
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Para la defensora de derechos humanos, esta situación confirma que se han materializado los riesgos advertidos en la alerta hace dos años y evidencian que las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades han sido insuficientes.
Ante esto, el Ministerio del Interior se comprometió a realizar un seguimiento especial y a garantizar el cumplimiento de la ruta de acción definida en el espacio, con base en las recomendaciones establecidas en la alerta.
Sin embargo, desde las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este compromiso solo tendrá sentido en la medida en que se traduzca en acciones reales, sostenidas y verificables en los municipios del sur de Bolívar.
El llamado a las autoridades por el sur de Bolívar
Durante la CIPRAT, uno de los llamados que hicieron al Gobierno Nacional, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue la adopción de medidas urgentes y eficaces que garanticen la protección de la vida, la integridad y el ejercicio del liderazgo social.
De igual manera, se pidió convocar de manera prioritaria al Comité de Acción Integral contra Minas Antipersonas y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, considerando que ambas problemáticas se han recrudecido en el sur del departamento.
“En ese marco, se hace un llamado directo al presidente de la República, Gustavo Petro, para que escuche el clamor que emerge desde el sur de Bolívar y adopte decisiones estructurales y urgentes, teniendo en cuenta que la crisis de violencia ha desbordado las capacidades departamentales y municipales”, expresó Sabagh.
Sin embargo, también se conminó a la Gobernación a trabajar de manera coordinada y articulada para garantizar los derechos humanos de la población, pues la magnitud de la crisis requiere una repuesta integral por parte del Estado.
“La expectativa no se limita solo a los compromisos sino a la implementación de acciones coordinadas, permanentes y con enfoque territorial que garanticen la seguridad humana, la protección de la vida y la permanencia digna de las comunidades en el territorio”, puntualizó la ODDC.