A través de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 003 de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió de la grave situación de orden público en los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo debido a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca para la movilidad de economías ilícitas.
“Este escenario de riesgo se configura por la disputa de rentas asociadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en un contexto agravado por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual derivó en su repliegue hacia la Serranía de San Lucas, y, paralelamente, en la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras”, advierte la Defensoría. Lea: 2025, un año amargo y violento para las poblaciones del sur de Bolívar
De manera particular, en esta zona hace presencia el Bloque Arístides Manuel Mesa Páez, subestructura del Frente Erlin Pino Duarte del EGC; el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, subestructura Luis José Solano Sepúlveda del ELN y grupos disidentes de las extintas FARC.
Afectaciones humanitarias en el sur de Bolívar
La Defensoría advierte que los enfrentamientos entre estos grupos están causando afectaciones humanitarias que incluyen la contaminación del territorio con minas antipersonas, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados y el uso de drones para realizar ataques.
De igual manera, se han reportado confinamientos masivos que afectan a más de 3 mil familias en 23 comunidades rurales; así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, como la coacción a miembros de la comunidad para trasladar personas heridas o cuerpos fallecidos en combates.
Así mismo, se registran homicidios selectivos, acciones armadas en centros poblados, amenazas a liderazgos sociales, imposición de reglas de conducta bajo presión y la instrumentalización de algunas Juntas de Acción Comunal (JAC).
“De forma particular, el riesgo es crítico para niñas, niños y adolescentes expuestos a reclutamiento, uso y utilización, así como a violencias basadas en género, incluida violencia sexual, en un entorno donde el temor y el dominio armado dificultan la activación oportuna de rutas institucionales”, agregó la Defensoría.
De la misma forma, se evidencian impactos sobre la educación rural por cuenta de las amenazas que han traído como consecuencia el desplazamiento de docentes e interrupciones en la prestación del servicio educativo.
Defensoría del Pueblo exige acciones a autoridades
La Defensoría del Pueblo emitió un total de 18 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales, con el objetivo de que haya una respuesta rápida, coordinada y con enfoque de seguridad humana en estas poblaciones.
Entre ellas se incluye convocar a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) del Ministerio del Interior, reforzar las medidas de protección y control territorial y poner en marcha acciones tecnológicas para prevenir y mitigar ataques con drones.
También se pide fortalecer los subcomités de prevención, adoptar medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes y emprender acciones urgentes de demarcación y educación en riesgo de minas antipersonas.
“Un trabajo decidido, inmediato y articulado de las instituciones concernidas, contribuirá a salvaguardar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la población civil en el sur del departamento de Bolívar”, puntualizaron.