La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a cinco antiguos comandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP a reconocer públicamente su responsabilidad por secuestros y otros crímenes ocurridos durante los cautiverios.
De acuerdo con la entidad, estos hechos se perpetraron en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, específicamente en las subregiones de La Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad, donde los comparecientes efectuaron este reconocimiento, se realizó hoy 21 de abril y se llevará a cabo otro el 24 del mismo mes, en Valledupar. Lea también: Se activa Ruta de la Memoria Histórica del Cimarronaje en el Canal del Dique
La JEP identificó a los máximos responsables regionales imputados por los secuestros cometidos en esta zona del país. Convocaron a Abelardo Caicedo, conocido como ‘Solís Almeida’; a Osmany Landero, a quien identificaron como ‘Hernando González’; a Gilberto de Jesús Giraldo, a quien conocían como ‘Aldemar Altamiranda’; a Luis Cuadras, conocido como ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y a Uriel Oviedo, quien recibió el alias de ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
La JEP afirmó que de estos cinco comparecientes, únicamente Uriel Oviedo enfrentó un proceso previo en la justicia ordinaria por estos delitos.
¿Qué delitos fueron los imputados por los comparecientes de las Farc del Bloque Caribe?
La JEP imputó a estos individuos el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes perpetrados contra las personas cautivas. Estos incluyeron dar muerte, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal y violencia sexual, según detalló la entidad.
“El secuestro económico era el más conocido. Era parte de un continuo de extorsión: boleteaban a la persona; si no pagaba, la secuestraban y, a veces, incluso pagando, igual la secuestraban por más dinero”, relató Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
También les atribuyeron el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos en medio de los secuestros, como desaparición forzada, dar muerte, tortura, actos inhumanos y desplazamiento forzado.
“También encontramos secuestros por control social o castigo. Por ejemplo, personas que la guerrilla consideraba colaboradoras de paramilitares, o que se negaban a obedecer órdenes. También líderes comunitarios que rechazaban su presencia eran castigados con secuestros”, explicó la magistrada.
Por la extrema gravedad de estos hechos, los crímenes no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, afirmó la JEP.
Para imputar estos graves crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad, entidad a cargo de la investigación, ejecutó una minuciosa contrastación judicial. Este procedimiento abarcó el análisis de informes provenientes de la Fiscalía, de las víctimas y de distintas organizaciones civiles.
Adicionalmente, la Sala examinó las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc-EP. También consideró las observaciones que 56 víctimas realizaron sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el Auto No. 19 de 2021, documento que previamente imputó a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por los secuestros cometidos en todo el país.
Reconocimiento de secuestros por parte de las ex-Farc Bloque Caribe en Bolívar
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que el extinto Bloque Caribe actuó conforme a las políticas que el Secretariado les ordenó y ejecutó los secuestros siguiendo tres patrones criminales.
La estructura perpetró secuestros para financiar su organización armada, para promover el intercambio por guerrilleros que se encontraban presos y para buscar el control social y territorial en la región. Le recomendamos leer: JEP hace llamado a la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar
“Asumo la responsabilidad de los delitos cometidos ante mis hombres que estaban a mi mando. Reconozco ante las víctimas que esto es uno de los hechos que no tiene reparación. Ponerle precio a una persona no tiene nombre. En los secuestros hubo muertos, delitos que no son amnistiables. Con estas acciones se reviven muchas heridas y sé que las víctimas no los quieren recordar, sino saber la verdad”, manifestó Luis Cuadras, quien fue conocido como ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’, compareciente de las Farc-EP.
En su investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el Bloque Caribe constituyó una de las estructuras de las antiguas Farc-EP que más secuestros perpetró.
En la investigación también se contrastó que esta estructura es responsable del 15 % de los casos que la antigua guerrilla cometió en todo el país. La cifra la ubicó detrás del Bloque Oriental, responsable del 34 % de los casos, y del Bloque Noroccidental, que respondió por el 27 %.
“Hubo bloqueos con actividades de propaganda, campañas que afectaban a la población que se movilizaba, con una intención de obtener el control social. Afectando a muchos civiles por ser colaboradores de la red del ejército y paramilitares y que fueron privados de la libertad y que hoy eso fue una de las afectaciones en su integridad física y emocional, colocando en riesgo sus vidas”, Uriel Oviedo, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, también compareciente de las Farc – EP.
“Había épocas en que la orden era que no podía haber alcaldes, concejales ni tampoco elecciones. Eso lo llamo el ‘vaciado de poder’: sacaban a todo el que representara al Estado, incluso funcionarios como encuestadores del DANE. También secuestros donde se llevaban personas para obligarlas a trabajar, por ejemplo como conductores, enfermeros o para cruzar el río Magdalena”.
relató Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Secuestros de las ex-Farc Bloque Caribe más impactantes
De acuerdo con la JEP, entre los secuestros con fines de intercambio por guerrilleros presos, el Bloque Caribe es responsable de la privación de la libertad de la exministra de Cultura Consuelo ‘La Cacica’ Araújo, en 2001, quien fue asesinada por hombres de la guerrilla cuando el Ejército Nacional intentó rescatarla.
Esta estructura también es responsable del secuestro de Fernando Araujo Perdomo, en 2000, quien permaneció durante seis años en cautiverio. “En Cartagena impactó mucho el caso de Araújo, porque fue en Bocagrande. Generó una sensación fuerte de inseguridad: si eso podía pasar ahí, ¿dónde no? Además, fue secuestrado mientras trotaba, algo completamente cotidiano. Inicialmente lo secuestró una banda, pero al darse cuenta de quién era, decidieron mantenerlo para canje", narró la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
Para Fernando Manuel Salas Martínez, víctima de secuestro, fue un proceso muy duro cuando fue privado de su libertad. “Varios guerrilleros llegaron a mi casa, con el fin de que yo citara una reunión vivienda por vivienda, para decir ‘por qué me tenían que matar’”, expresó quebrantado.
Y agregó: “Cuando fui secuestrado, me utilizaban para buscar alimentos, cuidar ganados o incluso para tareas difíciles que yo nunca había hecho. Me dejaban armamentos en las casas para custodiarlos y si no los hacía bien, me colocaban castigos”.
Eliecit Romero Gómez, otra de las víctimas, le pidió en medio de la audiencia a los comparecientes que reconozcan más personas que fueron secuestradas. Le puede interesar: Día de las Víctimas: avances y retos en Cartagena y Bolívar
“Como humano siempre he tenido miedo y temor, pero siempre he confiado en las promesas de Dios. Hoy también hablo por las victimas que hoy no han sido reconocidas, aquellas están en sus hogares. Quiero que los comparecientes reconozcan el homicidio de varias personas y secuestros de funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal, por ejemplo. Hoy quiero pasar la pagina y estrechar mi mano contra ellos”, manifestó Romero Gómez durante su intervención.
Luego de que los comparecientes del Bloque Caribe reconocen su responsabilidad y aportan verdad completa, detallada y exhaustiva durante la audiencia, y mantienen sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones.
Con esta decisión, el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, instancia que se encarga de imponer las sanciones propias.
En caso de que los comparecientes no reconozcan su responsabilidad, la JEP remitirá sus casos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la entidad. Esa instancia deberá decidir si inicia un juicio adversarial, más parecido al de la justicia ordinaria, y en caso de ser hallados responsables por esa vía, podrían recibir sanciones de hasta 20 años de cárcel.