La restitución de tierras en Colombia entra en una etapa decisiva. A cinco años de que finalice la vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Rama Judicial enfrenta el reto de acelerar la respuesta a las comunidades que fueron despojadas o desplazadas por la violencia, garantizar que las decisiones de los jueces se materialicen y fortalecer el enfoque étnico en los procesos judiciales.
Así lo manifestó Claudia Expósito Vélez, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, durante el Encuentro Nacional de Restitución de Tierras que se desarrolló en Santa Cruz de Mompox, Bolívar, el jueves 12 y viernes 13 de noviembre del presente año. Lea también: Restitución de tierras en Bolívar: revelan avances y retos urgentes
Este fue un espacio que reunió a magistrados de las altas cortes, integrantes de las salas civiles especializadas en restitución de tierras, jueces especializados, académicos, expertos y autoridades. El encuentro tuvo como propósito evaluar los resultados alcanzados durante los 15 años de implementación de la Ley 1448 de 2011, pero también identificar las dificultades y las tareas pendientes para cumplir los objetivos establecidos por el Estado colombiano antes de 2031, cuando está previsto que termine la vigencia de esta normativa.
“Nos restan cinco años para poder cumplir los objetivos que el Estado colombiano se trazó. Esta ley hizo una apuesta importantísima: poner la justicia civil al servicio de las víctimas”, señaló Expósito Vélez, al explicar la importancia de revisar el funcionamiento de la justicia especializada en restitución de tierras y establecer cuáles deben ser las prioridades institucionales durante este periodo.
Los cuatro desafíos de la justicia colombiana antes de 2031 por la restitución de tierras
Más allá del balance de los primeros 15 años de la Ley de Víctimas, Expósito Vélez identificó varios desafíos que deberá asumir la Rama Judicial durante los cinco años que restan de vigencia de esta normativa. El primero consiste en producir sentencias de calidad que permitan avanzar en la resolución de los procesos de restitución.
La funcionaria destacó la importancia de que las decisiones judiciales respondan a las necesidades de las víctimas y cumplan con los criterios necesarios para garantizar sus derechos.
El segundo desafío está relacionado con la materialización de las decisiones judiciales. Es decir, que las sentencias emitidas por los jueces no se queden únicamente en documentos o determinaciones jurídicas, sino que puedan hacerse efectivas y traducirse en resultados concretos para las personas y comunidades beneficiarias.
Como tercer reto, la vicepresidenta señaló la necesidad de consolidar el enfoque étnico en las sentencias que involucren a comunidades indígenas y negras, entre otras poblaciones étnicas. Finalmente, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional a los funcionarios y servidores judiciales que trabajan en los despachos especializados.
“Debe haber un acompañamiento institucional para fortalecer estos despachos judiciales y poder, de esta manera, cumplir con los cometidos del Estado colombiano y, por supuesto, de la Ley 1448 de 2011″, enfatizó la jurista.
El impacto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
La magistrada destacó que la restitución representa una apuesta sin precedentes en la historia jurídica del país, debido a que permite que campesinos desplazados y comunidades étnicas, indígenas y negras puedan recuperar sus tierras, reconstruir sus proyectos de vida y recuperar parte de la dignidad y la historia que les arrebató la violencia.
La vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura insistió en que el alcance de esta política no debe limitarse a una decisión judicial o a un reconocimiento indemnizatorio. Por el contrario, considera que debe traducirse en oportunidades para que las comunidades puedan desarrollar actividades y reconstruir sus condiciones de vida en los territorios que recuperan.
“La justicia de tierras es una justicia transicional y por eso yo mencioné que era una apuesta sin precedentes en la historia jurídica colombiana, porque veníamos hablando de la restitución en materia penal, pero nunca en materia civil”, afirmó Expósito Vélez.
En el conversatorio, la magistrada señaló que más de 14.000 sentencias de restitución de tierras han sido falladas por los jueces de esta especialidad desde 2012, además de garantizar la restitución de cerca de un millón de hectáreas de tierras en el país.
“El éxito de la restitución de tierras debe medirse por nuestra capacidad colectiva para contribuir a que sus decisiones se traduzcan en derechos efectivamente restablecidos, territorios restituidos y condiciones dignas para las víctimas y sus comunidades”, indicó la vicepresidenta de la corporación.
Por su parte, la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, destacó que el cumplimiento de las sentencias es fundamental para que las víctimas recuperen sus tierras y puedan reconstruir sus vidas. Le puede interesar: Procuraduría supervisa en Cartagena la implementación de la Ley de Víctimas
“Hablar de la tierra en Colombia es adentrarse a las raíces de nuestra historia examinar las fracturas de nuestras desigualdades comprender la magnitud de los conflictos atravesados y reconocer con firmeza las esperanzas que hemos sabido preservar”, aseguró Novoa Moreno.
La directora de la Unidad de Restitución de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, también participó en el evento y dijo que asumen con responsabilidad el compromiso de evaluar lo que se ha hecho con la Ley de Restitución de Tierras y lo que se debe mejorar, “sin olvidar que en el centro de esta ley están las víctimas”.
