La política de restitución de tierras en Colombia atraviesa una etapa clave en su implementación, con avances que, según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), marcan una diferencia frente a administraciones anteriores, pero también con desafíos significativos de cara al próximo gobierno.
Antonio Agustín Martínez Ospino, coordinador nacional del fondo encargado de cumplir las sentencias judiciales en esta materia, explicó a El Universal que la base de este proceso se remonta a la Ley 1448 de 2011. “Crece un fondo como instrumento financiero para el cumplimiento de los fallos judiciales”, citó, al referirse al mecanismo que permite ejecutar las decisiones de los jueces en favor de las víctimas. Lea: 96 mil hectáreas inscritas en Bolívar para restitución de tierras: Gobierno
El funcionario detalló que, en el actual gobierno, se han introducido cambios estructurales en la política de restitución. Entre ellos, destacó el enfoque de desarrollo territorial. “El campo es el motor sostenido de desarrollo rural y la política de restitución y reparación tiene que generar los cierres de brechas que hay entre la ciudad y el campo”, señaló.
Además, se incorporó la figura del segundo ocupante, definida como aquella persona que habita o trabaja la tierra sin ser propietaria, pero que se encuentra en condición de vulnerabilidad. Según Martínez, esta población también recibe protección y apoyo estatal.
En cifras, indicó que durante este periodo se han restituido cerca de 288.000 hectáreas a nivel nacional, dentro de un universo que supera las 14 millones de hectáreas afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, advirtió que aún quedan más de 16.000 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento, lo que implica un reto financiero superior al billón de pesos.
Avances y cambios en la restitución de tierras en Bolívar
En el departamento de Bolívar, la URT ha centrado su estrategia en tres ejes principales. Daniel Flores Muñoz, director territorial Bolívar-Sucre, explicó que uno de los avances más relevantes ha sido el trabajo con comunidades étnicas.
Por primera vez, se presentaron demandas de restitución a favor de comunidades afrodescendientes, y se avanza en procesos judiciales con poblaciones como Santo Madero, en San Jacinto. Allí se ejecuta un programa de soberanía alimentaria con recursos superiores a los 2.000 millones de pesos.
Otro componente clave es la implementación del modelo de sujeto colectivo campesino, que permite que comunidades enteras accedan a la tierra bajo esquemas de propiedad compartida. “Ya no es la demanda particular de Pedro, Francisco o Juan, sino que se construye un colectivo campesino”, explicó el funcionario.
Así mismo, se puso en marcha un plan para revertir decisiones negativas del pasado. Según Flores, en administraciones anteriores se rechazó hasta el 97% de las solicitudes en algunas zonas, como Montes de María. “¿Cómo tú me explicas que el 97% de solicitudes fuera negada? Supremamente extraño”, cuestionó.
Retos y blindaje ante el próximo gobierno
De cara al cambio de administración, la entidad busca avanzar en el mayor número posible de casos para dejarlos en manos de los jueces. “Cuando ya pasa la demanda, ya no importa quién sea el que esté sentado en la Casa de Nariño”, afirmó Flores.
La estrategia apunta a garantizar la continuidad de los procesos y proteger los derechos de las víctimas, independientemente del rumbo político que tome el país. Lea también: Gobierno Petro impulsa revisión masiva de despojo de tierras en Bolívar y Sucre
En Bolívar, las cifras muestran un aumento progresivo en la admisión de solicitudes: 209 en 2022, 150 en 2023, 282 en 2024 y 326 en 2025. Para este año, se proyecta un crecimiento aún mayor.
Las autoridades también han intensificado las brigadas en territorio para acercar la oferta institucional a las comunidades y reducir la deserción en los procesos. “El solicitante simplemente desiste por miedo, por tedio o por algún tipo de incertidumbre”, reconoció el director territorial.
Finalmente, desde la URT insistieron en que la restitución no se limita a devolver tierras, sino que busca reconstruir proyectos de vida. “Nosotros no estamos haciendo una devolución patrimonial… estamos reconstruyendo un proyecto de vida”, concluyó Flores.