El pasado 19 y 20 de octubre, se llevó a cabo el VI Foro sobre el Posacuerdo en el Caribe Colombiano, el cual fue instalado por el Director del Centro de Formación de la Cooperación Española, Miguel González Gullón, y los profesores Raúl Román Romero, director del Centro de Pensamiento Caribe, de la Universidad Nacional; y Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.
Puede leer: ¡Prográmate! VI Foro sobre el Posacuerdo en el Caribe Colombiano
En la conversación se habló de los nuevos factores que propician la violencia en Montes de María y en el Caribe colombiano, así como su articulación con lo que significa el papel del narcotráfico en el territorio.
A modo de contraste, también se reflexionó sobre los resultados de la política de seguridad a través de la Fuerza Naval del Caribe, identificando factores determinantes como el microtráfico en las cabeceras urbanas, la ausencia de oportunidades para los jóvenes y la falta de acción por parte de las administraciones locales.
Así mismo, se examinó el papel que han tenido actores armados ilegales como el Clan del Golfo, que se ha venido posicionando en el territorio.
Los medios de comunicación
En el evento también se habló del rol de los medios de comunicación en el posacuerdo, a través de la experiencia del periódico El Espectador, que con su proyecto Colombia 2020 ha llegado a las zonas de conflicto del país y también ha hecho un seguimiento pormenorizado a los nuevos ciclos de violencia y a la implementación de los acuerdos.
También se destacó la responsabilidad que tienen los medios al momento de informar, principalmente en lo que tiene que ver con el respeto de la fuente, la credibilidad, la transparencia y la obligatoria necesidad de buscar los diferentes ángulos de las noticias y el cubrimiento de los hechos en el territorio.
Las nuevas dinámicas del conflicto
En el foro se hizo un análisis de las nuevas dinámicas de los conflictos y de la violencia en la región, en particular de zonas como el sur de Bolívar donde hacen presencia actores armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, las cuales se disputan el control territorial bajo la perspectiva de aprovechar la minería ilegal de oro, la producción de base de clorhidrato de cocaína, las extorsiones y la prostitución.
“Es innegable cómo los diferentes actores han ido construyendo unas zonas bajo su control y que refleja la ausencia del Estado, el cual realmente no ha logrado tener el monopolio de la fuerza y de la violencia en el territorio, lo que ha facilitado la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en los niños y adolescentes”, dice el informe del encuentro.
Así mismo, se reflexionó sobre el ciclo de violencia que afronta Cartagena, que se expresa en una carencia de una política de seguridad ciudadana y protección de derechos humanos. En la ciudad los factores que más incidencia tienen son el microtráfico, la violencia juvenil, la violencia reactiva y la extorsión.
Dinámicas de construcción de paz
Por otro lado, también se destacaron las nuevas dinámicas de construcción de paz que se dan desde la educación en el Caribe colombiano, tal como la investigación de la Universidad Nacional de Colombia donde se exploran y sistematizan las experiencias, procesos y acciones de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Así mismo, se destaca el esfuerzo en la construcción de memoria histórica de la Escuela Normal Superior de los Montes de María y de los movimientos sociales como el de la Alta Montaña, que permiten el avance de las comunidades para desactivar los procesos que afectan la convivencia.
Los desafíos de la paz total
Por último, en el evento se examinó la relación entre la paz territorial y los desafíos que tiene la paz total como política de seguridad del Gobierno nacional.
Allí se expresó que esta apuesta ha tenido dificultades y avances, tales como la reanudación de conversaciones con algunos grupos armados y la aprobación de la Jurisdicción Agraria. También se destacan la compra de 300 mil hectáreas para entregar a los campesinos.
Como desafíos se identificaron la limitada capacidad institucional y operacional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las dificultades para coordinar una gestión efectiva entre el Estado, los entes territoriales, la sociedad y el sistema político.
Se indicó que el panorama es más complejo para la región Caribe, teniendo en cuenta que esta no se encuentra priorizada en el Informe de Gestión Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de agosto de 2023.
Bajo este panorama, se señaló que la paz total está amenazada por la fragilidad del Estado y por la reconfiguración de los grupos armados a través de las economías ilícitas. Así mismo, se observa una subordinación de lo público, precariedad en la contratación pública y una corrupción político-administrativa en los entes territoriales que inciden en los nuevos ciclos de violencia que afronta el país.