La Superintendencia Nacional de Salud destituyó al agente especial interventor del hospital San Jerónimo de Montería, Ómar Alexander Prieto, quien estaba en el cargo desde el mes de febrero del presente año, con el fin de sacar al centro asistencial de la crisis, pero al parecer cometió graves faltas que ponen en vilo la salud de los usuarios.
La decisión se tomó luego de una audiencia pública de la Procuraduría General de la Nación, en la que se denunciaron presuntas irregularidades cometidas por el funcionario y presuntos hallazgos que ponían en riesgo la salud de los usuarios.
Dentro de las irregularidades denunciadas se estableció que el funcionario habría contratado un equipo de asesores y de funcionarios del interior del país que le costaban al centro asistencial 500 millones de pesos mensuales, lo cual agravó aún más la crisis financiera por la que había sido intervenido.
Se estableció que el funcionario inició sus funciones el 4 de febrero y el 22 del mismo mes se le hizo un pago por valor de 35 millones 755 mil pesos por concepto de viáticos y gastos de viaje.
Pese a que la junta directiva había establecido una tabla de honorarios para los contratistas, los cuales estaban tasados en cuatro millones y medio para profesionales, con título de maestría y nueve años de experiencia, el interventor contrataba hasta por 10 millones 900 mil pesos a algunos asesores con lo cual violó el régimen de contratación.
También denunciaron que basado en una calificación ficticia, el agente interventor despidió a dos médicos que habían sido nombrados en provisionalidad, pese a que la norma establece que los provisionales no pueden ser evaluados, pues esa es una condición que deben cumplir los que participan en concurso de méritos y ganan un examen.
La Superintendencia encargó ahora a Rubén Darío Trejos, quien deberá liderar el proceso que inicialmente se había trazado la entidad, que fue justamente disminuir el déficit económico del primer hospital de Córdoba.