Eran las diez de la mañana y el sol estaba en todo su esplendor. Allí, en medio del parque, bajo el inclemente calor, estaban diez personas con los pies amarrados a una estructura de madera, que ellos denominan cepo.
Habían sido sometidos al escarnio público por no respetar la medida de aislamiento preventivo obligatorio, decretada por el gobierno nacional, con el fin de frenar la transmisión acelerada del coronavirus.
Desde los barrotes de las ventanas, cercanas al parque principal del municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba, los vecinos observaban la escena. Las gotas de sudor caían de los rostros de los miembros de la comunidad indígena Zenú. Vestían con ropa ligera, pero aún así la sofocación los agobiaba.
La Policía llegó al lugar, pero no pudo hacer mucho por ellos. En esa localidad aún rigen las leyes indígenas para sus miembros y ellos habían incumplido la norma. Los uniformados simplemente le recomendaron a los guardias de la etnia que los separaran un poco para evitar la cercanía.
No hubo excusa válida para los caciques. Los números de cédulas de los castigados no coincidían con los autorizados para salir a hacer vueltas médicas, para ir a la farmacia o para comprar algunos alimentos. Ellos no dieron mayores explicaciones por haber asumido la decisión de salir.
Tal vez lo hicieron por costumbre o en plan “rebusque”, pero los Zenúes se han tomado en serio el cumplimiento de la norma, pues según sus dirigentes están ubicados en una población donde las condiciones de salud son precarias y un contagio en su comunidad sería mortal.
El castigo se prolongó hasta las horas del medio día. Los guardias soltaron sus pies de la estructura de madera que les impedía la movilidad. La advertencia fue clara: si reincidían, la próxima vez el castigo sería por más horas.
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