El presidente de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica Durango, defensor de los derechos humanos, denunció que nuevamente ha sido víctima de amenazas y pidió a las autoridades que se incrementen las medidas de protección.
Dijo además que varios miembros del colectivo también han sido amenazados, razón por la cual hizo un llamado a la comunidad internacional para que estén atentos a la situación, de tal forma que el gobierno nacional les brinde las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones. Sugiero leer: “Tienen 24 horas para salir o serán asesinados”: amenazan a periodista
Explicó que el pasado 14 de febrero recibió la llamada de un hombre, quien hablaba a nombre del "jefe", advirtiéndole que le quedaba prohibido hacer más denuncias y que sí desobedecía, sería asesinado.
La comunidad internacional, especialmente la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), conformada por 135 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en todo el territorio colombiano, ha destacado el papel de Cordoberxia en la defensa de los derechos humanos y en la representación de las víctimas del conflicto armado en la región.
Hay que indicar que Chica Durango cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, pero él insiste en que es necesario tomar nuevas medidas para garantizar su seguridad.
La nueva denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y de inmediato iniciaron una investigación con el fin de establecer de dónde pueden provenir las amenazas contra el hombre que se ha dedicado a denunciar los abusos que cometen los grupos al margen de la ley en el departamento de Córdoba, especialmente en la zona del alto Sinú y el sur de Córdoba.
Como se recordará, Chica tuvo que abandonar el municipio de Tierralta en junio del 2019, escoltado por un grupo de agentes de la Policía, luego de denunciar que recibió amenazas contra su vida, pero unos meses después volvió y nuevamente recibió intimidaciones.
En lo que va corrido del presente año han emitido 12 denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos en el departamento de Córdoba, hechos que han motivado las amenazas a 15 de sus miembros, de los cuales 5 han tenido que abandonar el departamento.