El conflicto que el Grupo Argos enfrenta desde finales de 2012 es, según ellos, una “pelea de principios”, no de dinero.
Desde esa fecha, la compañía cementera enfrenta un proceso de restitución de tierras por 2.300 hectáreas que compraron, según Sergio Andrés Osorio, vicepresidente Administrativo de la empresa, principalmente a una numerosa familia de San Onofre, Sucre, antiguos propietarios legítimos, sin negociaciones recientes.
“Con esto a Argos, patrimonialmente, no le pasa nada. Estos no son los negocios de la empresa, nosotros estamos en el cemento, la energía (...). Esta tierra era para responsabilidad social, de vocación de país”, explica Osorio en visita a El Universal.
El representante legal de la empresa asegura que atendieron una convocatoria del Estado al sector privado para invertir y llevar desarrollo al campo, y llegaron a los corregimientos de Palmira La Negra y Pajonalito a sembrar teca a través de la sociedad Tekia, antes Reforestadora del Caribe, creada desde 1981, cuando comenzaron labores de exportación de madera a la India.
CARTELES DE RECLAMANTES
La Ley 1448 de 2011, o de Víctimas y Restitución de Tierras, nació para defender a las víctimas (desplazadas y despojadas) por el conflicto armado en Colombia.
“Es una ley que la empresa apoya por ser necesaria para la paz, pero es precisamente ella la que ha puesto en duda la reputación de una compañía reconocida como seria y responsable, al tildarnos de despojadores”.
“Es muy importante que campesinos y poblaciones vulnerables recuperen los derechos sobre sus propiedades, perdidas por despojos, no estamos en contra de eso. Pero como toda ley nueva deja muchas lagunas, su principal problema hoy es que detrás de la ley se están creando gigantescos negocios de carteles de reclamantes”, expresa Sergio Osorio.
La empresa ha sido vinculada a una demanda de restitución de tierras y el equipo de Argos ha sido testigo, dice Osorio, de las falencias de la Ley 1448, en la fase administrativa del proceso. El que la misma Unidad Territorial que recibe las pruebas sea la que “defiende” los intereses de los supuestos despojados, desconoce derechos fundamentales, principalmente, por el hermetismo con el que maneja todo; la contraparte no puede conocer nada de lo que informe la víctima y tampoco hay un escenario para conciliar.
“El Ministerio de Agricultura incluso ha dicho que debe haber una instancia superior que determine si la etapa administrativa es eficiente o no. Propusieron un comité que validara las decisiones de las unidades territoriales, pero no se ha podido hacer nada”, dice Osorio.
POR UN RELOJ
“Argos no es uno de los grandes propietarios de los Montes de María, nunca quisimos comprar Montes de María. Nuestro proyecto forestal estaba diseñado para 20 mil hectáreas, acompañadas de un proceso de desarrollo rural”, dice Sergio Osorio.
La compañía no ha podido sembrar un árbol más en San Onofre desde 2012 y de 2 mil a 2.800 empleos formales que se generarían, solo hay 100. Todo esto por el proceso de restitución de tierras al que fueron vinculados por la misma persona que, según el Vicepresidente Administrativo, los recibió en el municipio sucreño, los ayudó a conseguir las tierras para su proyecto, y cobró sus comisiones.
A su llegada, el equipo de Argos conoció a Tomás Mendoza Caballero*, terrateniente de la región, y con su ayuda consiguieron 800 hectáreas, unas propias, otras de hermanos y familiares. El rol de Mendoza Caballero creció durante el proyecto.
“Nos ayudó a comprar más tierras, y pasó de ser un simple contacto, a ser comisionista. Le pagamos un volumen muy importante de recursos en los años de posicionamiento del proyecto; equivalentes al 3 % de las tierras que nos ayudaba a conseguir”, asegura Sergio Osorio, quien dice que la empresa tiene la documentación para demostrarlo.
Entre 2005 y 2010, Argos compró 2.300 hectáreas en San Onofre, y comenzó a sembrar teca en el 2005. “Prestaron” la tierra a familiares de Mendoza para que siguieran trabajándola mientras terminaban de legalizar los procesos de compraventa. En promedio, compraron a 2 millones de pesos hectárea. Comenzaron pagando $1.275.000 en 2005, y llegaron a pagar hasta 4 millones de pesos por hectárea, todas declaradas por su valor real.
En el 2008, con el proyecto comenzado, el Estado, a través de Finagro, se hizo socio para fortalecer zonas de consolidación y generar nuevas inversiones.
Cuando en 2012 llegaron rumores de que las tierras de San Onofre serían reclamadas, asegura el equipo jurídico de Argos, nunca pensaron que los involucrarían en una situación así.
Fue por una casualidad que descubrieron que la misma familia con la que trabajaron en Sucre, los acusaba de despojadores.
En la publicación de un portal web se divulgaba el caso, y había una fotografía de un sujeto al que solo se le veía su reloj. Luego el equipo encontró por casualidad en el diario local de Sucre la foto de los Mendoza en un evento social, y en ella está este hombre con el mismo reloj que le habían visto. Para sorpresa de todos, era Tomás Mendoza Caballero, “la misma persona con la que Argos venía trabajando correctamente”.
BLOQUEADOS
“A nosotros nos preocupa la carga ideológica, las estadísticas de las sentencias. Hemos pedido audiencias para que entiendan por qué Argos está en la región, pero no nos abren la puerta”, explica Sergio Osorio. “Ahora viene una parte muy crítica, que es el tribunal”.
Al saber quién estaba detrás de la demanda de restitución, el equipo de la compañía se reunió varias veces con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, y con encargados de la Unidad Territorial en Sucre, sin resultados, por lo menos saber el estado del proceso. Sólo supieron que, al final de la etapa administrativa, quedaron inscritas 42 reclamaciones; fueron rechazadas solo 2, la de Tomás Mendoza y su hermano Eduardo*.
“Son procesos cerrados, confidenciales, el derecho de defensa no existe, el propietario no puede participar. Son procesos ocultos”, indica Fernando Moreno, abogado de Argos. “El juzgador tiene que probar que hubo hechos de violencia al comprar para el caso de 2005, también hechos de violencia que afectaban a las supuestas víctimas y las llevara a vender. Nunca serán capaces de ubicar ningún hecho violento que para el 2005 invalidara los contratos que, de buena fe, celebró Argos. No existía ningún tipo de violencia en general, mucho menos en esa zona”, agrega el jurista. Razón por la cual, la empresa denunciará penalmente a todos los reclamantes de sus tierras en San Onofre.
El Universal se comunicó con la Dirección Territorial Sucre de la Unidad de Restitución de Tierras, pero mediante un comunicado, informó que se abstienen de dar declaraciones sobre las solicitudes de restitución consultadas por este medio, por la orden emitida por el Juzgado Cuarto Civil Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo, pero este resulta vinculante para las partes, mas no para los medios de comunicación y la comunidad en general que tiene derecho a ser informada.
EL CARMEN, OTRA HISTORIA
Argos llegó también a otra zona de los Montes de María: El Carmen de Bolívar. Allí continuarían con su proyecto de siembra de teca. Compraron 6.600 hectáreas a propietarios que las habían adquirido entre 2006 y 2008 a terceros, en lo cual sí pudo haber algún error y, por ende, sí haber víctimas, reclamantes legítimos.
La compañía impulsó en 2014 la creación de la fundación Crecer en Paz y decidieron regalar las hectáreas compradas a esa organización, cuyo objetivo es diseñar e implementar estrategias del posconflicto. Del total de hectáreas, sólo mil están sembradas.
“La idea es armar una propiedad colectiva donde la gente que no tiene tierra pueda coger y generar proyectos, cuyos ingresos sean para las familias”, cuenta Sergio Osorio, vicepresidente Administrativo de Argos.
Del total de estas tierras, 1.500 están siendo reclamadas. La Fundación está dispuesta a devolver la tierra, en caso de sentencias desfavorables. “Pero ofrece a las personas que reciben la tierra como producto del proceso, la idea de entrar al proyecto y ponerla al servicio de este para que se haga parte de una marca”, explica el representante de Argos.
“UN ACUERDO CON ARGOS”
El representante de Argos asegura que hay audios de una investigación hecha por un reconocido portal web en los que Tomás Mendoza asegura que Argos o Reforestadora del Caribe “‘no nos puso una pistola en la cabeza, no nos hizo daño’ (...) ellos sacan en limpio a Argos”.
El reclamante de tierras asegura que quieren llegar a un nuevo acuerdo con la compañía respecto de los precios, de las compraventas. “Es una manifestación específica de que esto se arregla con plata, pero, primero, el proceso no lo permite, y ellos no conocen eso y, segundo, si se pudiera, nosotros tampoco lo haríamos por principios, porque Argos ni les amenazó, ni mucho menos les violó derecho alguno, y entonces esperamos que se haga verdadera justicia”, reitera.
*Nombres cambiados
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