“A los educadores que han sido objeto de inaceptables extorsiones, amenazas, desplazamiento y otros delitos, les hago llegar mi solidaria voz. No es justo que la delincuencia los haga víctimas de su maledicencia. Córdoba no puede seguir a merced de los delincuentes y mucho menos la comunidad educativa”, dijo el aspirante.
Agregó, que las instituciones educativas deben ser respetadas como territorios neutrales, centros del conocimiento y el saber, espacios de convivencia y paz a los que se debe blindar de toda agresión.
Observó que por culpa de los violentos, centenares de niños y jóvenes han visto suspendidos sus estudios causándoles un daño irreparable y dijo que las autoridades competentes están en el deber constitucional y legal de garantizarle a los docentes sus derechos fundamentales y de brindarles la protección debida, investigar los hechos y tomar las acciones pertinentes sin mayores dilaciones.
“Tampoco es justo que centenares de niños y jóvenes de esa deprimida región de Tierralta se vean directamente afectados porque sus maestros fueron obligados a abandonar la zona por culpa de quienes los amedrentan y extorsionan”, indicó proponiendo además que dentro de sus propuestas está un plan estratégico de seguridad y convivencia que tendrá como prioridad devolverle la tranquilidad a los cordobeses y sentar las bases de una amplia política de paz ciudadana.
