Detalles escalofriantes se conocieron de cómo operaba en Cartagena la red de trata de personas con fines de explotación sexual comercial de la que presuntamente hacían parte la patrullera de la Policía Nacional Daniela Echeverry Gómez y la extranjera Bertha Ramírez Torres.
Las dos mujeres fueron enviadas a la Cárcel Distrital de Turbaco, tras ser cobijadas con medida de aseguramiento por un juez de Control de Garantías que acogió los argumentos que presentó en las audiencias preliminares una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género. Le puedo sugerir: A la cárcel patrullera de la Policía por trata de personas en Cartagena
Echeverry y Ramírez son investigadas por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución. Las procesadas no aceptaron cargos, señala la Fiscalía.
“El material probatorio indica que esta ciudadana utilizaba como fachada la venta de paquetes turísticos y masajes, y mediante esta modalidad entregaba a turistas nacionales y extranjeros un catálogo de mujeres que eran contactadas por ella para que cumplieran los servicios sexuales solicitados, obteniendo a cambio una comisión que ascendía a 200.000 pesos por cada víctima”, señala el organismo judicial. Le puede interesar: De heroína en la Policía a investigada por trata de personas en Cartagena
Lo más grave es que durante las acciones desplegadas por la Fiscalía fueron rescatadas tres mujeres que eran explotadas sexual y comercialmente, una de ellas, hija de Bertha y las otras dos jóvenes de nacionalidad venezolana.
Daniela Echeverry, según las investigaciones de la Fiscalía, habría captado a miembros de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual y los dineros obtenidos producto de la actividad ilegal eran repartidos con Bertha Ramírez. Lea también: Procuraduría se mete de lleno en el caso contra expatrullera de la Policía
“La evidencia obtenida a través de agentes encubiertos, líneas interceptadas, declaraciones de víctimas, registros de cámaras del sector y otras actividades investigativas, dan cuenta de que estas personas, al parecer, captaban jóvenes en condición de vulnerabilidad y las inducían a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico”, precisa el ente acusador.