Una fiscal de la Seccional Caquetá consiguió que un juez de control de garantías dictara una medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Hernán Vargas Hincapié, quien está presuntamente involucrado en la agresión sexual de un estudiante de 13 años. Esta decisión judicial se tomó tras una serie de investigaciones detalladas que señalan al acusado como el principal sospechoso en este delicado caso.
La investigación del ente acusador revela que los abusos contra el menor comenzaron en 2023. Los incidentes ocurrieron en la vivienda del niño, donde el docente acudía supuestamente para ayudarlo con sus tareas escolares. Sin embargo, la Fiscalía obtuvo información que indica que el procesado, quien se desempeñaba como docente de educación sexual, aparentemente utilizaba los momentos a solas con el menor para enseñarle “videos con contenido para adultos”.
Además, se determinó que, en varias ocasiones, el acusado le pedía al niño que le mostrara “sus partes íntimas” y lo amenazaba con dejar de ayudarle si no cumplía con sus exigencias. Esta manipulación y coerción ejercida por el docente sobre el estudiante evidencian un patrón de abuso de confianza y autoridad que agrava la situación.
En el transcurso de las investigaciones, el ente acusador también estableció que, en una ocasión, el acusado viajó con el estudiante a una finca que pertenece a sus suegros. En este lugar, compartieron la misma habitación, donde presuntamente el docente realizó tocamientos inapropiados al menor.
Como resultado de estos actos y basándose en la evidencia recopilada, el hombre fue capturado por orden judicial. Esta captura fue posible gracias a un trabajo interinstitucional coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijin de la Policía y el Ejército Nacional. La cooperación entre estas instituciones fue crucial para llevar a cabo la aprehensión del acusado. Lea: Auxiliar de Policía abusó sexualmente de una niña de 12 años, en Cartagena
La Fiscalía procedió a imputar al procesado el delito de “acto sexual con menor de 14 años agravado”. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos imputados. La negativa del sospechoso a aceptar su responsabilidad plantea un nuevo desafío en el proceso judicial que sigue en curso.