Una ofensiva contra la extorsión que desplegó la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado con el Gaula de la Policía Nacional en el país, permitió la judicialización de 143 personas y el impacto a 12 organizaciones ilegales.
Las autoridades extendieron esos operativos en Atlántico, Quindío, Risaralda, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Meta, La Guajira, Santander, Tolima y Cesar; además de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá.
La información del ente acusador precisa que en Cartagena fueron judicializados 18 presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo. Le interesa: Cayó ‘Yulito’, vinculado al 70% de los homicidios en Cartagena
Entre los investigados está alias Yulito, actualmente privado de la libertad, y quien sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión”.
Fiscalía General de la Nación.
La investigación, dice la Fiscalía, evidenció que los procesados, al parecer, coordinaban cobros extorsivos y homicidios en la modalidad de sicariato para el aparente control territorial de cara a la comercialización de estupefacientes y el dominio de las rutas del transporte y salida de cargamentos de sustancias ilegales.
Judicializados en el país
Además de alias ‘Yulito’ y los demás señalados en Cartagena, más de 100 personas fueron judicializadas en desarrollo de estas operaciones en distintos departamentos y ciudades del país, por su presunta integración de grupos ilegales como ‘Los Trocaderos’, ‘Los RC’, ‘Los Porras’, ‘Clan del Golfo’, ‘La Terraza’ ‘Costeños Los Robles’, ‘Los Frontera’, ‘Los de la Torre’, ‘Los Galleros’, entre otros.
Las víctimas serían comerciantes, taxistas, docentes, gremios mineros, ganaderos y cafeteros, entre muchos otros afectados por delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado, so pena de ser asesinados o secuestrados.
Labores de Policía Judicial determinaron que mediante modalidades delictivas como ‘tíotía’ eran extorsionados cientos de ciudadanos, generando millonarios recursos para las redes de crimen. Hay cuatro menores de edad entre los investigados.
Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades fue: ‘Call center’ o ‘Telefonistas’, una organización ilegal de la que harían parte siete mujeres y dos hombres. La investigación determinó que la red criminal sería comandada por una pareja que, al parecer, creó un centro de llamadas en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, sur de la capital del país.
“Desde allí contactarían a decenas de ciudadanos a quienes intimidaban con falsos procesos judiciales. También, tratarían de vincular a sus víctimas en falsas investigaciones relacionadas con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y dolescentes (sexting)”, precisó el ente acusador. Lea aquí: ¿Sicarios? 2 capturados en golpe contra banda ‘Los Salsas Mexicanos’
Estas personas también habrían actuado mediante la suplantación de autoridades con supuestas órdenes de captura, la cual sería evitada únicamente con el pago de altas sumas; o difundidas en redes sociales en los que serían expuestos como abusadores de menores. Así, esta organización habría reunido millonarias rentas ilegales. Las denuncias instauradas permitieron documentar múltiples eventos y determinar que los pagos ilícitos recibidos por esta organización podrían alcanzar los 15 millones de pesos al día.
Los procesados fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada.
Otro de los casos que llamó la atención de las autoridades es el de la organización delincuencial ‘Olimpo’, en Risaralda.
Allí, cuatro personas fueron capturadas, luego de que las investigaciones evidenciaran que los procesados habrían incurrido en los llamados préstamos ‘gota a gota’. Los investigados, al parecer, prestaban dinero a hombres y mujeres de bajos recursos a quienes obligaban a pagar intereses de hasta el 25 por ciento.
“Los ciudadanos que recurrían a estas modalidades de crédito; además, debían reconocer un impuesto que sobrepasaba por mucho el monto adquirido. De manera violenta ingresaban a las viviendas de las víctimas para llevarse sus pertenencias, como parte de pago de las deudas”, aseguraron los investigadores.
La Fiscalía dice que tiene documentados varios casos en los que consta que familias enteras debieron abandonar sus hogares por orden de la red criminal, so pena de ser asesinados. Por estos hechos los investigados fueron judicializados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado y extorsión. Lea también: Así cayó el sicario señalado de matar al inspector Omar Cervantes