¿Qué policía apretó el gatillo? y ¿Qué lo motivó a accionar su arma de esa forma? Estas preguntas han rondado durante 9 años a la familia de Guillermo Andrés Rodríguez Periñán. Tenía 20 años, una vida prometedora apenas por florecer. Quienes lo conocieron lo describen como un joven extrovertido, espontáneo y detallista. Amaba con vehemencia a sus abuelos y a su mamá.
Guille, como lo recuerdan con amor profundo, era el único hijo de una madre soltera, una enfermera que se empeñó en trabajar de sol a sol para criarlo y darle un futuro prometedor. Un futuro truncado de forma violenta, dolorosa e injusta una noche de noviembre, por un policía que le disparó sin razón.
El joven, estudiante de Gestión de Negocios Internacionales del Tecnológico Comfenalco, disfrutaba de un ‘bandito’ (festejo) novembrino en el barrio La Troncal el 10 de noviembre de 2016, cuando un agente de Policía –que llegó con una cuadrilla para atender una queja por exceso de ruido e irrumpió de forma abrupta para dispersar la celebración– le disparó en una calle concurrida. La calle estaba llena de gente. Testigos aseguraron que en ese momento no había riñas ni altercados, más que la confusión por el arribo de los uniformados.
Aquella noche, Guillermo vestía un suéter negro. Algunos de esos testigos contaron que, minutos antes del disparo, otro joven –también con una prenda del mismo color– había lanzado una botella hacia un policía durante un altercado previo ocurrido en una calle cercana. Sin embargo, no se trataba de Guillermo. De hecho, personas presentes en el sitio afirmaron que otro muchacho también fue agredido por uniformados únicamente por llevar un suéter negro. En medio de la actuación de la Policía, y sin que mediara provocación alguna, un disparo acabó con la vida del estudiante. (También te puede interesar: “Justicia para Guille”: clamor de familiares y amigos de universitario asesinado)
Aunque el agente que accionó el arma escapó y nunca fue identificado por las autoridades, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena sí declaró, el 4 de marzo de 2022, la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte de Guillermo Andrés, un fallo que no había sido divulgado publicamente hasta ahora. Luego, la desición fue confirmado este 28 de mayo de 2025 en otra sentencia judicial en la ciudad, en la que se determinó el “uso de la fuerza excesivo y desproporcionado” de la Policía en la actuación que terminó con la vida del joven.
Un video y varios testigos: las pruebas reinas
Nueve años después, se revelan pruebas del proceso que dan fuerza al reclamo de justicia. Un video de una cámara de seguridad, que era parte del caso y que permanecía inédito —ahora conocido por El Universal— muestra, según la sentencia, “claramente el momento en que un uniformado de la Policía, que iba en una motocicleta, desenfunda un arma y dispara en dirección al lugar en que se encontraba Guillermo”. Las imágenes muestran cómo el agente acciona su arma a sangre fría en plena calle, donde no se apreciaba ningún alterado. El reloj marcaba las 11:37 de la noche.
Si bien el video no permite identificar al uniformado ni muestra cuando la víctima es impactada, el juez determinó que, “contrastado ello con los testimonios que dan cuenta también de que ese día, en esos momentos, no vieron a nadie más armado que los policías que llegaron, ni observaron los testigos riña o cualquier otro hecho violento distinto al actuar de un miembro de la Policía Nacional”, el disparo que impactó contra Guillermo provino del agente presente en la escena.
A ello se suma el testimonio directo de un testigo que afirmó haber visto al policía disparar contra el joven y huir sin auxiliarlo. Tampoco otros uniformados, que presenciaron el hecho, socorrieron a Rodríguez. Solo huyeron.
Y, además, en el proceso se determinó que el uniformado no utilizó su arma de dotación, sino un arma particular; sin embargo, el juez consideró que esto no exime a la institución de su responsabilidad por el hecho.
Guillermo murió minutos después, el 11 de noviembre, en la Clínica Blas de Lezo, a consecuencia de la herida. Su partida causó repudio, rechazo y protestas durante las semanas posteriores motivadas por el clamor de justicia de amigos, familiares y de la ciudadanía.
Se reabre el caso penal
Cristian Torres, abogado de la familia de la víctima, ha expresado su frustración e indignación por la forma en cómo las autoridades han actuado en este caso. Explica que, a pesar de las evidencias, inexplicablemente la Fiscalía Seccional 33 de Cartagena archivó el proceso penal para identificar y procesar al policía involucrado.
“Lamentablemente, desde el año 2016 las investigaciones han sido nulas. En 2022 la Fiscalía decidió archivar el caso, alegando que no era posible identificar al responsable. Eso es inaudito, porque el delito existe, hay pruebas balísticas, testigos y un proyectil que pertenece al arma de un policía”, denunció el abogado Torres. Eso sumado al hecho de que el implicado estaba dentro de las filas de la fuerza pública.
El jurista explicó que la familia de Guillermo tuvo que interponer una acción de tutela para reactivar el proceso. Este 28 de septiembre de 2025, el Juez Cuarto Penal Municipal de Cartagena ordenó a la Fiscalía desarchivar la investigación y continuar con la imputación del responsable.
“El juez fue enfático: este es un caso que no se puede archivar porque hay una víctima y un hecho probado. Regañó a la Fiscalía por su inactividad y por no conectarse siquiera a la audiencia”, afirmó Torres. Con ello, la familia de la víctima espera que, por fin, se haga justicia y se condene al responsable.
Una madre que espera justicia
Para Nesly Periñán, madre de Guillermo, los años de espera no han calmado el dolor ni la sensación perenne de injusticia. Su voz, pausada pero firme, guarda todavía el eco desgarrador de aquella noche en que su hijo no regresó. “Estaba dormida cuando fueron a avisar. Yo no creía. Pensé que era una extorsión, hasta que me mostraron la cartera de él, con sus documentos. Ahí fue que me convencí”, relató. (También te puede interesar: Investigan muerte de joven baleado cuando policías controlaban desmanes)
La noticia le llegó de golpe. “Él era muy alegre, muy detallista. En mi cumpleaños, el Día de la Mujer, siempre me hacía una tarjeta o me regalaba chocolates. Tres días antes de que lo mataran, me dio una tarjeta que decía: ‘No te defraudaré, seré el mejor profesional. Eres la mejor madre del mundo’”, cuenta ahora y limpia lágrimas que apenas brotan de sus ojos.
Su indignación por la falta de acción para identificar al responsable ahonda más su herida. “Ellos (la Policía) saben quién fue. Ellos mismos lo saben. La misma Policía debió identificar inmediatamente quién fue. Así como identifican a una persona que mata a otra, también tienen que hacerlo con uno de los suyos (...). Yo le preguntaría a ese policía: ¿por qué mató a mi hijo? No había pelea. No había motivo. No era un problema, no era un delincuente”, afirma la madre, que solo espera justicia.
Hoy, cuando se cumplen nueve años del crimen, ella y toda su familia se siguen preguntando: ¿Quién le disparó a Guillermo?
Lo ocurrido con Guillermo no es un hecho aislado. En Colombia, las cifras son difusas, fragmentadas, difíciles de rastrear. No hay un número oficial que diga cuántas personas mueren cada año a manos de la Policía. Pero organizaciones como Temblores ONG han logrado documentar al menos 84 muertes durante el Paro Nacional de 2021 y cerca de 150 casos en entre 2017 y 2021,. Detrás de esos números hay historias que, como la de Guillermo, siguen esperando respuestas.